La primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene por delante uno de los retos más urgentes y dolorosos del país: la búsqueda de más de 116 mil personas desaparecidas.

A la par, carga con una deuda histórica con las mujeres que, en ausencia del Estado, han asumido la labor de encontrar a sus seres queridos, movilizándose en todo el país para dar con el paradero de sus familiares.

De acuerdo con una revisión de Reporte Índigo en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPNO), en México van más de 116 mil personas reportadas como desaparecidas o no localizadas.

Esta plataforma digital fue creada para mitigar el problema de desapariciones forzadas que se vive en el país y la violencia que persiste en varios estados de la República mexicana.

Aunque la cifra puede ser hasta tres veces mayor, según colectivos de búsqueda y organizaciones civiles, quienes han detectado errores y ocultamiento de información en la plataforma.

Tampoco ha sido efectiva, alertaron, la actualización que tuvo el RNDPNO al inicio de la administración anterior con Andrés Manuel López Obrador, ya que acusan que las autoridades estatales y locales se resisten a proporcionar información sobre las desapariciones que ocurren diariamente.

De acuerdo con el sitio oficial, que almacena datos de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, se revela que del 31 de diciembre de 1952 al 8 de octubre de 2024 se han registrado 332mil 761 personas bajo este estatus.

De esta cifra, 116 mil 035 personas siguen sin aparecer o no han sido localizadas hasta el momento. La estadística muestra que Tamaulipas, Jalisco y el Estado de México son las tres entidades del país que concentran el mayor número de desapariciones, con un total de 40 mil 828 personas, es decir, el 35.19 por ciento del total.

La mayoría de los ciudadanos que no han sido encontrados son hombres, con una cifra de 89 mil 316 personas. Las mujeres suman 26 mil 277, y 442 personas no han podido ser identificadas en cuanto a su género.

La magnitud de la cifra negra

Colectivos de búsqueda e incluso madres buscadoras han desdeñado el Registro Nacional de Desaparecidos. Para ellos, este sitio solo almacena un listado de personas desaparecidas que no refleja la realidad del país.

Consultados por este diario, colectivos de búsqueda en varios estados del país, afirmaron que el problema del subregistro que existe es debido a las fiscalías que se niegan a abrir carpetas de investigación por este delito.

Este diario intentó descargar la base de datos que tiene el registro nacional; sin embargo, no permite esta opción por lo que es imposible de momento realizar un análisis de forma individual o colectiva.

También se constató que el portal digital tiene problemas en actualizarse a la hora de buscar un perfil de una persona que fue reportada como desaparecida. A ello se le suma problemas internos.

En su primer día como presidenta constitucional de México, Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió desde el Zócalo capitalino y ante cientos de personas a mantener reuniones con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y a continuar con el compromiso de esclarecer su paradero.

Y es que este caso de desaparición forzada ha sido uno de los más oscuros de los últimos años en el país, el cual sigue sin resolverse a pesar de los esfuerzos que se han hecho en las últimas administraciones.

Jóvenes, en la mira del crimen organizado

El diagrama poblacional que ofrece el registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas revela que el mayor número de personas desaparecidas en México corresponde a personas jóvenes de entre 25 a 32 años de edad y mujeres.

Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, señaló que, del total de personas desaparecidas a nivel nacional, 17 mil son menores de edad, principalmente mujeres adolescentes.

“Todas estas personas que han desaparecido son una expresión de la guerra contra las drogas que se declaró desde hace años atrás. La mayoría de los hombres que no han podido ser localizados son porque han sido asesinados por el crimen organizado”, precisó Juan Martín en entrevista con Reporte Índigo.

De acuerdo con el especialista, en la plataforma nacional también predominan expedientes relacionados a carpetas de investigación de casos de feminicidios, trata de personas y otros de delitos de alto impacto.

“Hace ya bastante tiempo, en las décadas de los 60 y 70, la desaparición fue un recurso represivo. Ahora, con la guerra contra las drogas, se ha convertido en una forma de generar terror. Hablamos de una industria con muchas expresiones de violencia. Lo más triste es que no hay voluntad política para enfrentar el tema; solo se administra”, atizó el activista.

Un informe de 2023 de la organización civil, Impunidad Cero, reveló que en el país persiste un nivel de impunidad del 99 por ciento para los delitos de desaparición de personas. Por si fuera poco, la falta de fiscales especializados y sobrecarga laboral empeora el acceso a la justicia.

La oenegé alertó que a cinco años de su promulgación, la Ley General en Materia de Desaparición de Personas sigue sin ser completamente aplicada en las fiscalías de los estados o en el peor de los casos no hay conocimiento de ella.

Perfiles duplicados e inconsistencias en la plataforma, algunos de los problemas

El descontento por la falta de resultados crece entre organizaciones y madres buscadoras. De acuerdo con las oenegés y familiares de las víctimas, la plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas presenta deficiencias en el almacenamiento de los datos.

La asociación Red Lupa reveló que, a pesar de la actualización que tuvo el sitio oficial persisten los errores en los registros, los cuales van desde nombres equivocados, ubicación del lugar de la desaparición incorrecto, entre otras fallas que terminan por dar un panorama “a medias” y que no corresponde a la actualidad.

Las directrices de la plataforma permiten que cualquier persona pueda reportar una desaparición, sin necesidad de que exista una denuncia; sin embargo, esto ha ocasionado múltiples problemas entre los familiares de las víctimas que no tienen la certeza de si la persona a la que buscan ya fue localizada sin vida.

Ante tal desconcierto, madres buscadoras de diferentes estados del país han comenzado con un registro interno de personas desaparecidas, el cual nutren de forma diaria con publicaciones de medios de comunicación y solicitudes de información a las fiscalías.

Esto a la par de las jornadas de búsqueda que han realizado en los últimos años en los estados considerados focos rojos en este delito y en los que han detectado cientos de fosas clandestinas con restos humanos.

Sin apoyos y en la incertidumbre, reclaman madres buscadoras

Lucy López, representante del colectivo Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos, expresó su preocupación por la falta de reconocimiento de las madres buscadoras.

“Son 116 mil personas que no han podido regresar a sus casas. Siempre buscamos mucho tiempo en el campo, en fosas clandestinas. Tenemos siete años de lucha activa. Cuando nos informan sobre un punto, buscamos restos en fosas comunes y hemos tenido algunos resultados, al menos en Coahuila. Aun así, estamos muy atrasados”, lamentó la madre buscadora a Reporte Índigo.

 

En cuanto a la búsqueda en vida, explicó que continúan recorriendo cada estado del país en busca de sus familiares; sin embargo, aclaró que llevan más de un año sin realizar jornadas de este tipo, debido a que no han recibido apoyos para los pasajes ni donaciones de organizaciones, a causa de las elecciones y la transición de gobierno.

Sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, la activista señaló que hay completa desconfianza hacia las autoridades locales, estatales y federales, por lo que han tomado medidas de otro tipo para frenar este problema.

“Cada estado está haciendo su propio registro, y creo que los demás estados están en la misma situación“.