Tras darse a conocer presuntos actos de corrupción en diferentes secretarías e instancias a cargo del gobierno encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo, la Comisión de Derechos Humanos Morelos (CDHM) consideró como una obligación que el actual sexenio, a cargo de Margarita González Saravia, denuncie los hechos ante las autoridades correspondientes para evitar este tipo de prácticas y así marcar un precedente.
El presidente del organismo autónomo, Israel Hernández Cruz, recordó en entrevista que tras ser integrados a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz la mandataria reconoció, por citar un ejemplo, la violación a las prerrogativas de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) del penal de Atlacholoaya, por lo que la conminó a evidenciar a los funcionarios que no cumplieron su función ni las expectativas.
“El Gobierno de Morelos, el lunes en la mesa de seguridad, reconoció la situación que hemos venido denunciando desde la Comisión en los últimos años, lo que implica también el deber y la obligación de denunciar a los anteriores servidores públicos de la entonces Comisión Estatal de Seguridad (CES) ante la Secretaría de la Contraloría porque están en el proceso de entrega-recepción”, dijo.
Asimismo, el ombudsperson añadió que se deben levantar las actas correspondientes ante las autoridades encargadas de la investigación de los delitos en el estado por los actos de corrupción y las complicidades que el propio gobierno ha reconocido, una vez entrado en funciones y tomando conocimiento de los hechos.
“El Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación en materia de responsabilidad de manera muy puntual establecen que cuando un servidor público tiene conocimiento de un acto u omisión que pueda derivar en estas responsabilidades tiene que ponerlo inmediatamente en conocimiento para que se haga la investigación y mediante un debido proceso se pueda exigir la responsabilidad”, añadió.
Raúl Israel Hernández Cruz, expuso también que las quejas en torno a los centros de detención y de los albergues de Morelos abundan y refieren principalmente a detenciones arbitrarias, los tratos crueles, y malas condiciones para recibir a las personas ahí retenidas, por lo que pidió a las autoridades estatales y municipales poner atención a las condiciones que privan en esos lugares y en su caso, denunciar a quienes resulten responsables de corrupción en ellos.
Abundó que en Morelos “todos los centros privativos de la libertad y quiero agregar también los albergues, presentan una serie de problemáticas. Recuerden en 2020 el abuso policial en el albergue del DIF en donde se reprimieron… adolescentes. Y así como ese caso, nosotros hemos ido documentando problemáticas en los albergues, en los centros de arresto, detención y también en los penales”.
Refirió que la CDHM ha recibido múltiples quejas derivadas casi todas de lo difícil que resulta el sistema penal en nuestro estado. Por citar algunos ejemplos, problemas de detenciones arbitrarias, de tratos crueles e inhumanos o degradantes, de muchas veces también de tortura, de falta de servicios de salud… educativos, de capacitación, en fin, todo lo que implica un sistema de reinserción social adecuado”.
