Capítulo final del mayor escándalo judicial de México en los últimos años. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y arquitecto de la guerra contra el narco declarado culpable de colaborar con el Cartel de Sinaloa, será sentenciado este miércoles en Nueva York. El exfuncionario mexicano de más alto perfil que ha sido juzgado en una corte de Estados Unidos se enfrenta a una pena entre 20 años y cadena perpetua en prisión. Polémico, poderoso y temido, el destino de García Luna está en las manos del juez Brian Cogan, el mismo que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán a pasar el resto de su vida tras las rejas, en octubre de 2019.
“Su señoría, con el más profundo de mis sentimientos le solicito respetuosamente me permita regresar lo antes posible con mi familia”, pidió García Luna en una carta enviada in extremis al juez Cogan, el martes. En su última petición de clemencia, el exsecretario aseguró tener “un firme respeto por la ley”, volvió a arremeter contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su reforma judicial y reclamó que el veredicto en su contra se dio gracias a “información falsa aportada por el Gobierno de México”. Se trata de la segunda carta del puño y letra del exfuncionario en menos de un mes, después de guardar silencio durante casi cinco años. García no quiso ni pudo defender su inocencia en el estrado, donde cuenta, aunque solicitó dar un mensaje al tribunal en la audiencia de sentencia.
La sentencia pone fin a una saga que se ha extendido durante casi cinco años. García Luna fue capturado el 9 de diciembre de 2019 por agentes de la DEA fuera de su apartamento en Irving, Texas, en pleno proceso de adquirir la ciudadanía estadounidense. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York le imputó tres cargos por conspiración para traficar cocaína, otro por delincuencia organizada y uno más por mentir a las autoridades, al asegurar que nunca había cometido ningún delito en sus trámites de naturalización.
Su vida dio un giro dramático. El exsecretario había sido galardonado como uno de los principales aliados de Estados Unidos en la guerra contra las drogas, condecorado casi una decena de veces por la CIA y el FBI, y logró amasar cientos de millones de dólares como contratista del Gobierno mexicano tras su paso por el Gabinete de Calderón. Años más tarde, las autoridades lo acusaron de recibir sobornos millonarios para favorecer al Cartel de Sinaloa mientras estaba en la cúpula del sistema político en México.
El veredicto del jurado llegó el 21 de febrero del año pasado y fue unánime: culpable de todos los cargos. El juicio duró cinco semanas e incluyó los testimonios de más de una decena de narcotraficantes, casi todos capturados y extraditados durante el Gobierno de Calderón, que describieron con lujo de detalle la entrega de millones de dólares y costosos regalos a cambio de impunidad y de ganarse el favor del exfuncionario. Algunos criminales, incluso, tenían placas y uniformes de la policía, participaron en los operativos de captura de sus rivales y eran los verdaderos mandamases detrás las fuerzas del orden en México. El contubernio entre el crimen organizado y las autoridades mexicanas dejó de ser un secreto a voces y se convirtió en una verdad jurídica, que salpicó a políticos, empresarios y grandes medios de comunicación. La verdad, sin embargo, salía a la luz a más de 3.000 kilómetros en la frontera, bajo las reglas de Estados Unidos.
El juicio no estuvo exento de controversia. Los abogados de García Luna insistieron en que no se presentó una sola evidencia física para demostrar con contundencia que su cliente era culpable y se quejaron de la estrategia de la Fiscalía, construida alrededor de los relatos de “asesinos” y “secuestradores”. Pero los testimonios en el estrado fueron fulminantes y auténticas conferencias magistrales de cómo funciona el narco en México.
Sergio Villarreal alias El Grande, un expolicía corrupto reconvertido en jefe criminal, contó cómo la línea entre el crimen y las autoridades era tan estrecha que había acuerdos para repartirse las ganancias o simular la destrucción de la droga incautada. Harold Poveda El Conejo, un intermediario colombiano, narró la vez que lo torturaron para confesar crímenes que no había cometido antes de ser presentado ante los medios de comunicación, el sello de la casa durante la gestión del exsecretario.
Óscar Nava Valencia El Lobo llegó a pagar tres millones de dólares para reunirse apenas 15 minutos con el exsecretario. Esa fue también la cantidad que desembolsó Jesús Rey Zambada, hermano de El Mayo, para cortejarlo. La guerra contra el narco, que ha dejado cientos de miles de muertos en el país en casi dos décadas, se sentó también en el banquillo de los acusados. Y el mito se derrumbó. La única que declaró a favor del exfuncionario fue su esposa, Linda Cristina Pereyra, el 14 de febrero, una semana antes de ser condenado.
La sentencia fue programada en un inicio para junio del año pasado, pero la fecha se retrasó al menos en cinco ocasiones, en medio de los pedidos de la defensa para que se repitiera el juicio. La solicitud fue desechada por el juez Cogan en septiembre de este año, después de que los fiscales revelaron un “complot” para ofrecer a otros presos del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC) sobornos de medio millón a dos millones de dólares para declararan a favor de él. Todo quedó grabado en un teléfono de contrabando de quien recibió la oferta. En 2020, la Fiscalía también obtuvo un audio en el que el acusado discutía con un informante, que fingió ser un falso sicario de la mafia rusa, la posibilidad de “matar a las familias” de los capos que estaban dispuestos a testificar en su contra. Las pruebas no llegaron a juicio, pero fueron un escándalo.
La condena es el último capítulo de un caso único. Si García Luna es sentenciado de por vida, no podrá ser juzgado por las causas abiertas en México durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que usó el juicio como un arma política y presumió la derrota de Calderón, uno de sus principales adversarios políticos. El Partido Acción Nacional (PAN), la fuerza opositora más votada del país, nunca reconoció al exsecretario como uno de los suyos, pero pagó caro el desprestigio en las elecciones de junio pasado. La cooperación en Seguridad con Estados Unidos sigue estando atravesada por el precedente del exfuncionario, antes como punto de comparación y ahora, ante la posibilidad de que coopere con las autoridades de ese país. El imputado ha rechazado en público esa posibilidad y ha anunciado que recurrirá la sentencia.
La sombra del antiguo jefe de la Policía Federal sigue planeando también después de cada golpe mediático contra el narco, ya sea que se trate del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos (detenido por narcotráfico y exonerado tras las presiones diplomáticas de López Obrador) o de Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa que verá a Cogan por primera vez en la corte esta misma semana, el viernes. El proceso contra Zambada, capturado en julio pasado, se perfila como el próximo thriller judicial de la corte de Brooklyn, una secuela después de la caída de El Chapo y del más insólito de sus socios, Genaro García Luna.
Son pocos los precedentes judiciales comparables. El exdictador panameño Manuel Antonio Noriega fue condenado en 1992 a 40 años por narcotráfico. Más recientemente, el expresidente Juan Orlando Hernández, que convirtió Honduras en un narcoestado durante su mandato, fue sentenciado este año a 45 años, también en Nueva York. Su hermano Tony Hernández, narcotraficante convertido en diputado, purga una condena de por vida desde 2021. La última palabra será del juez Cogan, mientras millones permanecen en vilo del otro lado de la frontera.