Una extensa red de corrupción, liderada por el exdirector General del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, Dionisio Álvarez y exfuncionarios de la administración de Cuauhtémoc Blanco, revela un presunto desfalco multimillonario y tráfico de influencias que involucran e implican a figuras clave como el exsecretario de Desarrollo Sustentable, José Luis Galindo Cortez, y la exsecretaria de Administración y actualmente diputada federal, Sandra Anaya así como la exsecretaria de Hacienda y hoy magistrada del TJA, Mónica Boggio Tomazas.
A través de documentos en poder del Regional del Sur, se detalla que el fraude multimillonario se desarrolla en el fideicomiso que establece entre sus reglas que al término de cada año fiscal, de las utilidades del mismo se debe dar 50% a los ejidatarios y otro 50% para el gobierno, sin embargo, desde la llegada hace 3 años del Dionisio Álvarez, no se entregó ni un peso en utilidades a los cuatro ejidos que conforman el mismo, además tampoco se ejercieron más de 20 millones de pesos aprobados para obra pública en la región por el Comité Técnico de Distribución de Fondos del Fideicomiso.
Mediante tráfico de influencias se vieron beneficiados funcionarios estatales y municipales quienes habrían adquirido terrenos a precios muy por debajo del valor catastral, aprovechando los cargos que ostentaban y que representa una grave afectación al patrimonio del fideicomiso, entramado que señalan entre otros a la hoy Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Mónica Boggio y de la diputada federal de Morena, Sandra Anaya, quienes presuntamente se beneficiaron de descuentos ilícitos, manipulando registros catastrales en complicidad con notarios y funcionarios municipales.
Las irregularidades inician desde que, en el año 2021 Dionisio Álvarez, el Fideicomiso contaba con 60 millones de pesos de superávit, sin embargo, cuando se entregó el Fideicomiso a la administración de la gobernadora Margarita González Saravia solo había en caja 58 mil pesos a través de 5 cuentas bancarias. En gran medida, porque hicieron liquidaciones ostentosas y ofensivas a la plantilla de 49 personas por hasta 300 mil pesos a cada uno.
Las investigaciones sobre el presunto fraude millonario, apunta a un esquema que facilitó la malversación de fondos, venta fraudulenta de terrenos y beneficios ilícitos, en complicidad con notarios y funcionarios del Registro Público de la Propiedad, entre las irregularidades, se destacan las cartas de liberación emitidas de manera ilegal por José Luis Galindo Sámano, hijo del exsecretario de Desarrollo Sustentable, José Luis Galindo Cortés.
El desvío de recursos se concretó al redirigir ingresos del fideicomiso para fines ajenos, configurando delitos como malversación y tráfico de influencias.
