El abogado pide que la Fiscalía Anticorrupción y la ESAF procedan
Hay materia para un escrutinio penal por el bajo precio, cree el especialista
Una investigación sobre Dionicio Álvarez, ex director del Filatec, Mónica Boggio y Sandra Anaya, ex secretarías Hacienda y Administración del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, solicitó el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Paredes Sotelo a la Fiscalía Anticorrupción, Contraloría del Estado y a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, por los presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y tráfico de influencias por la compra de terrenos por un valor muy por debajo de su precio real.
Paredes Sotelo argumentó que, aunque las exfuncionarias pueden justificar la adquisición de bienes por sus salarios, la compra de un bien del estado, como lo es el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, a un precio inferior al comercial, podría constituir varios delitos, incluyendo el peculado, porque estas acciones podrían representar un aprovechamiento de la información privilegiada que poseen como servidoras públicas.
El presidente del Colegio de Abogados subrayó que el estado no puede obtener ganancias sustanciales si los terrenos se venden a precios inferiores a su valor real, por lo tanto, esta conducta debe ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción para determinar la actuación de quienes están a cargo del fideicomiso del Lago de Tequesquitengo.
Recordó que el fideicomiso tiene la responsabilidad de vender terrenos a precio comercial y que cualquier diferencia entre el precio real y el precio de venta debe ser objeto de escrutinio penal; por lo que Paredes Sotelo hizo un llamado a la Contraloría del Gobierno del Estado para que realice una investigación minuciosa sobre estas transacciones.
Asimismo, se menciona que las titulares de las secretarías de Hacienda Mónica Boggio (y su esposo Edgar Riuo) así como Sandra Anaya, de Administración no debieron realizar estas compras debido al conflicto de intereses y tráfico de influencias, ya que contaban con información privilegiada que causaba un perjuicio al fideicomiso. Aunque la compra con recursos personales no es ilegal, el uso de información privilegiada para obtener un beneficio personal sí podría constituir un acto ilícito.
Esta situación se considera un posible peculado, ya que las exfuncionarias, al ser parte del consejo de administración del fideicomiso, habrían utilizado su posición y la información a la que tienen acceso para beneficio propio.
La situación planteada por Enrique Paredes Sotelo resalta la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los bienes del estado, por lo que ante la posible irregularidad en la compra de terrenos en el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo no solo afecta los intereses del estado, sino que también socava la confianza pública en las instituciones gubernamentales.
El Colegio de Abogados hizo un llamado a las autoridades competentes para que actúen con diligencia y realicen las investigaciones pertinentes, al considerar como crucial que se determinen las responsabilidades legales de las exfuncionarias involucradas y se tomen medidas para evitar futuros abusos de poder y conflictos de interés en la administración pública.
