La historia de la Suprema Corte de Justicia de México ha llegado a un cambio de época. La reforma al Poder Judicial aprobada por Morena ha provocado la dimisión anticipada a ocho ministros del Alto Tribunal. Los ocho jueces, entre ellos la cabeza de la Corte y del Poder Judicial, Norma Piña, han presentado sus cartas de renuncia al Senado de la República, la autoridad representativa que les nombró hace años. Con la reforma judicial, las reglas de la partida han cambiado a mitad del juego. A partir del próximo año, los nuevos integrantes del Supremo serán electos por voto popular. La enmienda oficialista puso a los togados en una disyuntiva inesperada: si quieren seguir en el cargo, sométanse al voto de la gente, y ya se verá si son ratificados; si no quieren, despídanse ahora (pero trabajen un año más) y llévense su haber por retiro, una pensión vitalicia a la que tienen derecho. Ocho ministros han tomado la segunda ruta, no sin antes hacer notar que se les ha obligado a elegirla. Porque no hubo una tercera opción: continuar en el cargo y permanecer allí por el tiempo para el que fueron designados inicialmente.
Solo tres ministras no han presentado su renuncia y han anunciado que, ellas sí, participarán en la elección judicial: Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, las tres propuestas en su momento por el oficialismo y que suelen votar sentencias favorables al Gobierno. Los togados que han renunciado son Norma Piña, Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo y Luis María Aguilar. Pese a que renunciaron, la reforma judicial les obliga a permanecer en el cargo todavía un año más, a la espera de ser relevados por nuevos ministros surgidos de las urnas. Para los ocho, la renuncia era la opción más adecuada. Y, a pesar de que fueron conducidos a ello por la propia reforma oficialista, desde Morena se ha jugueteado con la amenaza de que el Senado podría no aceptar su salida, para forzarlos a perder su prestación de retiro.
Entre los togados que han renunciado se encuentran dos que fueron propuestos al cargo en su momento por Andrés Manuel López Obrador, expresidente y gran artífice de la reforma judicial. Se trata de González Alcántara y de Ríos Farjat. El entonces mandatario esperaba de ellos un voto capturado. La prueba de fuego de su lealtad fue el debate sobre la constitucionalidad de la reforma para la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército, en 2023. Lo confesó el propio López Obrador en una de sus populares Mañaneras, cuando dijo que llamó personalmente a los cinco ministros que él postuló para pedirles que apoyaran su enmienda. Al final, la Corte tumbó esa reforma, con base en un proyecto de González Alcántara. Eso, frustrar los planes oficiales, fue el origen de esta nueva reforma constitucional, la que busca refundar toda la judicatura desde los suelos, según contaron los propios ministros a EL PAÍS.
Los togados coinciden en sus cartas de renuncia en que su retirada no significa, de ninguna manera, que estén de acuerdo con dejar el cargo, sino que respetan lo que dicta ahora la Constitución, a consecuencia de la enmienda judicial. La mayoría defiende su paso por la judicatura y destaca el honor de haber llevado la investidura. También rechazan explícitamente postularse como candidatos y defienden la importancia para la democracia de un Poder Judicial independiente.
Algunos han hecho apuntes personales. Por ejemplo, la ministra Ríos Farjat ha afirmado que, para mantener su “espacio de dignidad y libertad personal”, no cobrará el haber por retiro a que tiene derecho por su renuncia. “Retornaré tranquilamente y sin apego ese dinero a la Tesorería de la Federación si es que, antes o después, no logro cristalizar una forma de donarlo íntegramente a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Después de todo, siempre son las generaciones siguientes las que resienten el quehacer de las actuales y la ausencia cada vez mayor de empatía, solidaridad y educación cívica”.
El ministro González Alcántara ha escrito la carta más personal, una crítica a las condiciones de su salida y al futuro que pesa sobre la judicatura, pero también autocrítica de alguien que confiesa un arrepentimiento. El juez conoció a López Obrador cuando este era jefe de Gobierno de Ciudad de México y aquel titular del Tribunal Superior de Justicia. Una vez que López Obrador llegó a la presidencia de México y lo propuso como ministro del Supremo, González Alcántara aceptó, dice en su carta, porque confiaba en las instituciones y en que estas serían encabezadas por personas “prudentes y sensatas”, que privilegiarían “por siempre el diálogo” y “procederían con prudencia y respeto”. “Pero me equivoqué”, comparte. “Me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones. Y mi error, como el de muchos, nunca me permitió imaginar un escenario como el actual”.
El juez añade que ha actuado en el cargo sin haber comprometido sus principios y valores, y que se retira con la esperanza de que “lleguen tiempos más serenos y mesurados”. “Desde luego, esta renuncia no implica de ninguna manera mi aceptación, tácita o expresa, de las decisiones políticas adoptadas en meses recientes, y conservo mi fe en que seremos capaces, como nación, como sociedad, como ciudadanas y ciudadanos, de identificar el tremendo error que ello implica y corregir el camino antes de que sea demasiado tarde”, agrega. González Alcántara ha presentado un proyecto de sentencia que propone modificaciones profundas a la reforma judicial oficialista. En la propuesta se mantiene la elección popular para ministros de la Corte y magistrados electorales, pero se elimina para cientos de jueces de distrito y magistrados de circuito.
La ministra Piña ha recordado en su carta sus tres décadas en la carrera judicial, el sistema escalonado en el que los funcionarios judiciales ascienden con base en posgrados y exámenes de oposición. Piña fue jueza de distrito, luego magistrada de circuito y finalmente ministra, y se convirtió en la primera mujer en presidir la Suprema Corte. “Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente […], sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”, ha indicado la jueza.
El ministro Pardo ha defendido su “expediente limpio” y su “entrega” a la actividad jurisdiccional. De paso, ha respondido a los señalamientos del oficialismo de que los ministros que renuncian anticipadamente lo hacen solo por conservar su pensión vitalicia. “Es un montón de dinero. Ese es el marco en el que se está dando la renuncia de los ministros”, ha dicho la presidenta, Claudia Sheinbaum. El ministro Pardo ha afirmado: “Rechazo enérgicamente las injurias, insultos e infundios de los que he sido objeto como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sostengo la relevancia que tiene la carrera judicial en la impartición de justicia y presento mi renuncia no como un acto de conveniencia sino de congruencia personal”.
El ministro Ortiz Mena ha señalado que no se considera a sí mismo “un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular”, y agrega que la función de un juez constitucional no consiste en validar “la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de quienes más lo necesitan”. Como sus colegas, ha afirmado que su renuncia “no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma [judicial]”, y advierte de que el Supremo aún puede echarla atrás, con base en el proyecto de González Alcántara, que se votará el próximo martes. Será la última pelea de la judicatura. Para aprobarla se requiere de ocho votos. Los mismos que han alzado la voz y en ello han empeñado su trabajo.