Los faltantes reportados durante el sexenio de López Obrador, quien llegó a la Presidencia de la República con la oferta de erradicar la corrupción, superan las irregularidades que tuvo la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, las cuales ascienden a 77 mil 382.9 millones de pesos.

De acuerdo con el Sistema Público de Consultas de Auditorías (SPCA), las áreas donde están las principales fugas de presupuesto son el gasto federalizado —recursos que el gobierno central canaliza a estados y municipios—, con 80 mil 416.1 millones sin comprobar.

En segundo lugar se encuentra el rubro de desarrollo económico donde se gastaron al margen de la normativa 18 mil 547 millones de pesos. En desarrollo social se reportan faltantes por siete mil 237.4 millones de pesos.

Uno de los casos más emblemáticos de desvío de recursos durante el gobierno de López Obrador fue la serie de fraudes cometidos al interior de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) por más de 15 mil millones de pesos, cifra que duplica el desfalco por siete mil 600 millones de pesos de la Estafa Maestra durante el sexenio de Peña Nieto.

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A pesar de que el sexenio del tabasqueño es el que arroja más anomalías en la historia de la Auditoría Superior, es justo en este periodo cuando el órgano encargado de vigilar el correcto uso de los recursos públicos ha mostrado mayores debilidades.

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Por ejemplo, entre 2019 y 2023 la ASF ha logrado recuperar 10 mil 467.5 millones de pesos, cifra mucho menor a los 31 mil 170 millones recuperados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y a los 40 mil 430 millones rescatados en el sexenio de Felipe Calderón.

Durante los primeros cinco años del gobierno lopezobradorista se realizaron siete mil 927 auditorías a la administración pública, lo que arroja un promedio de 1.3 millones de pesos recuperados por cada investigación realizada por la ASF.

En la administración de Peña Nieto (2013-2018), se realizaron 10 mil 097 auditorías y se recuperaron 31 mil 170 millones de pesos, lo que arroja un promedio de tres millones de pesos por cada expediente.

La mejor época de la ASF en materia de recuperación de recursos (fondos que logran ser solventados o reintegrados a la Tesorería de la Federación) fue durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando se realizaron seis mil 210 auditorías y se rescataron 40 mil 430 millones de pesos, lo que da un promedio de 6.5 millones de pesos por cada investigación.

Para recuperar recursos federales o sancionar conductas ilícitas, la ley otorga a la ASF diversas facultades para emprender acciones, tales como recomendaciones, solicitudes de aclaración, promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias, pliego de observaciones hasta denuncias penales.

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En este sentido, los últimos años de la ASF han sido los más flojos, toda vez que durante el sexenio de AMLO se emprendieron 25 mil 677 acciones, menos de la tercera parte de las 61 mil 232 aplicadas durante el gobierno de Peña Nieto y de las 60 mil 602 de la administración de Felipe Calderón.

Comparativamente, la administración donde la ASF ha sido más incisiva es en la del expresidente Vicente Fox, pues por cada auditoría se desplegaban 10 acciones aclaratorias, correctivas o sancionatorias. Con Calderón fueron 9.7, mientras que con Peña 6.6 y con López Obrador 3.2.

Esto implica una paradoja, ya que conforme aumentan los montos con anomalías, al mismo tiempo van a la baja las acciones de la ASF para corregir o castigar las acciones de las dependencias y los servidores públicos que incurren en prácticas ilegales.

Otro indicador que permite observar la pérdida gradual de capacidades por parte del máximo órgano fiscalizador son los montos pendientes por aclarar, es decir, recursos que fueron gastados al margen de la norma y que, mientras no se comprueben, pueden considerarse desvíos.

Durante los primeros cinco años de la administración lopezobradorista se acumularon 106.8 millones de pesos sin solventar, lo que arroja un promedio de 14 millones de pesos “extraviados” por cada auditoría realizada. Con Peña Nieto quedaron 77 mil 382.9 millones pendientes de justificar, lo que da un promedio de 7.6 millones de pesos sin comprobar.

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