Otro argumento que ponen, agregó, “era que no cuentan con Agentes de Investigación Criminal (AIC) para realizar las investigaciones que ordene el Ministerio Público en relación a la búsqueda de información para contactar a las familias”.
Amalia, explicó que la validación de los perfiles genéticos consiste en que cada una de las instituciones(FGE, FGR, GN, CNDH) que participaron en estos trabajos de exhumación, en presencia de las organizaciones con familiares desaparecidos, cada una de estas instituciones tiene que “dar lectura al perfil obtenido y se da por correcto dicho perfil, que a su vez podrá ser confrontado con los perfiles obtenidos de las muestras que reciban (las instituciones mencionadas) de los familiares de personas desaparecidas”.
En opinión de Amalia, todo esta lentitud podría tratarse de una “omisión” grave de la FGE, porque aseguró que “es obligación del Ministerio Público solicitar al área de periciales le envíen los dictámenes que corresponden al archivo pericial que corresponde a un número de carpeta en específico y con ello, establecer si hay o no el llamado Match (coincidencia).
“La omisión puede recaer en el Ministerio Público si no solicita, o bien recaer en el área de periciales si no dan respuesta a lo solicitado por el Ministerio Público”, puntualizó.
En las fosas clandestinas de Tetelcingo, recordó que exhumaron 117 cuerpos, de los cuales 17 fueron identificados, y sólo 16 entregados a sus familiares, uno no ha sido entregado pese que está identificado.
En la diligencia de exhumación en 2017 en el panteón Pedro Amaro de Jojutla se desenterraron 85 cuerpos sin vida, de los cuales sólo se identificaron dos y se entregaron a sus familiares.
En la otra diligencia en el año 2022 en este mismo panteón, se ubicaron según datos de la FGE, 6 cuerpos y distintos restos óseos , y según las familiares de personas desaparecidas del estado, ninguno ha sido identificado hasta este momento.
Si no se avanzado en la identificación y entrega de estos cuerpos que han exhumado anteriormente, se le preguntó a Amalia, porqué por cuarta vez van a realizar otra diligencia de exhumación en el panteón de Jojutla mencionado a lo que contestó de la siguiente manera:
“porque el derecho de las víctimas directas, es ser identificados y regresados a sus familiares. La Fiscalía dice no tener información de estos cuerpos sin vida que ahí fueron inhumados y entonces, se debe de identificar mediante las pruebas periciales que apliquen; y con ello regresar al seno familiar”.
Por la negligencia y omisión en que ha incurrido la FGE que encabeza Carmona, los colectivos de personas desaparecidas y de familiares de víctimas de la violencia, a horas de iniciar esta cuarta diligencia de exhumación en Morelos, insisten en que en estos trabajos de exhumación participen en la toma de muestras de ADN, como lo han hecho anteriormente, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, porque subrayaron que no confían en la FGE, sobre todo porque esta fiscalía estatal ha participado en la desaparición de las personas desaparecidas en esas fosas de la FGE de Morelos. La fosa clandestina de la FGE, Tetelcingo, fue localizada en el 2014 por los familiares de Oliver y en el sexenio del ex gobernador el perredista Graco Ramírez.
“Como colectivos hemos trabajado a lo largo de 10 años en la recuperación digna, identificación y entrega de las personas que han sido inhumadas en las fosas comunes de Tetelcingo y Jojutla. “Dichas fosas comunes irregulares son evidencia de la irresponsabilidad y omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado. Por ello es que, como colectivos y víctimas, no es imposible confiar en la institución que ha participado en la desaparición de las personas desaparecidas en esas fosas”, recalcaron en un comunicado los colectivos de personas desaparecidas de la entidad y otros estados del país.