En un acto de transparencia y rendición de cuentas, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, instruyó al secretario de Desarrollo Sustentable, Alan Dupré Ramírez, y a la directora general del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (Filateq), Keyla Celene Figueroa Evaristo, a realizar una revisión exhaustiva de todos los recursos humanos, materiales y financieros del fideicomiso, así como de los asuntos relacionados con la entrega-recepción de la paraestatal.

La mandataria estatal subrayó que, en caso de detectar irregularidades en los documentos o los recursos recibidos, se procederá con las acciones jurídicas correspondientes, para hacer del conocimiento del órgano interno de control las posibles anomalías. Además, dejó en claro que si fuera necesario, se solicitarían aclaraciones adicionales que deberán ser también informadas al órgano de Gobierno del Fideicomiso.

Con esta decisión, el gobierno de Morelos reitera su compromiso con la honestidad, la transparencia y el impulso al desarrollo del estado, actuando siempre en beneficio de la ciudadanía.

La revisión se da en el contexto de una investigación por un presunto desfalco multimillonario en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, que fue destapada por el periódico El Regional del Sur, en el que, de acuerdo con las pruebas presentadas, el exdirector del fideicomiso, Dionisio Álvarez, y otros funcionarios de la administración del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, habrían encabezado una red de corrupción que involucraba tráfico de influencias, malversación de fondos y ventas irregulares de terrenos.

Uno de los puntos más graves de este caso es que, según las reglas del fideicomiso, las utilidades generadas deben ser distribuidas en un 50% para los ejidatarios y el otro 50% para el gobierno. Sin embargo, desde la llegada de Álvarez al cargo en 2021, no se entregó ni un solo peso a los cuatro ejidos beneficiarios. Además, más de 20 millones de pesos aprobados para obras públicas en la región no fueron ejercidos.

Se ha señalado también que, a través de un presunto esquema de tráfico de influencias, funcionarios estatales y municipales habrían adquirido terrenos a precios por debajo del valor catastral, lo que representa una grave afectación al patrimonio del fideicomiso. Entre los implicados en estas presuntas irregularidades figuran figuras clave como la hoy magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Mónica Boggio Tomazas, y la diputada federal de Morena, Sandra Anaya, quienes supuestamente se habrían beneficiado de descuentos ilícitos, manipulando registros catastrales con la complicidad de notarios y funcionarios municipales.

La situación empeoró cuando, en el proceso de entrega-recepción, se descubrió que el fideicomiso, que en 2021 contaba con un superávit de 60 millones de pesos, había sido entregado a la nueva administración con solo 58 mil pesos en cinco cuentas bancarias, en gran parte debido a pagos excesivos a empleados. Se detectaron liquidaciones por hasta 300 mil pesos a cada uno de los 49 trabajadores.

El desvío de recursos también está relacionado con la venta irregular de terrenos, lo que involucró la participación de funcionarios del Registro Público de la Propiedad y otros actores que, presuntamente, facilitaron la malversación de fondos y el tráfico de influencias. Entre las irregularidades destaca la emisión de cartas de liberación de terrenos por parte de José Luis Galindo Sámano, hijo del exsecretario de Desarrollo Sustentable, José Luis Galindo Cortés.

Por su parte, el titular de la Consejería Jurídica del gobierno de Morelos, Edgar Antonio Maldonado Ceballos, confirmó que se están revisando posibles irregularidades en las ventas de terrenos en Tequesquitengo. Reconoció la existencia de "focos rojos" en el proceso de entrega-recepción del fideicomiso, lo que ha motivado una investigación más a fondo.

"Se han detectado puntos focos rojos, que se han podido visualizar, y ya tendremos nosotros que hacer la revisión y, en su caso, proceder", declaró Maldonado.

La gobernadora Margarita González Saravia ha reiterado su compromiso con la transparencia y el castigo a cualquier acto de corrupción, como parte de su estrategia para recuperar los recursos desviados y proteger los intereses de la ciudadanía morelense.