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LA JORNADA MORELOS: Más de 3 mil 600 millones de pesos para seguridad y procuración de justicia



 


El presupuesto en el rubro aumentará 35.3% en 2025

 

  • La Fiscalía General del Estado recibirá 25.6% más recursos en el 2025 de los que obtuvo en el presupuesto actual.
  • Se destinarán 540 millones de pesos a los 36 municipios si firman el convenio de Mando Coordinado policial.
  • La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ejercerá más de mil 663 millones de pesos, que incluyen el aumento salarial a las policías.

 

Además de las modificaciones en la estrategia policial, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la reestructuración de la Fiscalía General del Estado, la administración de la gobernadora, Margarita González Saravia, apuesta al incremento del 35.3% al presupuesto destinado a seguridad pública y procuración de justicia para el combate a la delincuencia en el estado.

 

El presupuesto de egresos de 2025 contempla una inversión de poco más tres mil 684 millones, en los rubros de seguridad pública y procuración de justicia, más de 960 millones de pesos superior a la del ejercicio presupuestal actual.

Si los diputados de la LVI Legislatura aprueban el presupuesto de 2025 en los términos en que fue presentado el 15 de noviembre por la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía General del Estado recibirá más de 260 millones de pesos adicionales en el próximo ejercicio presupuestal; lo que representa un aumento de 25.6% respecto del año en curso. La fiscalía ejercería entonces recursos por mil 280 millones 572 mil 710 pesos.

 

En el 2024 la dependencia responsable de la prevención y contención del delito en Morelos, la hoy extinta Comisión Estatal de Seguridad Pública, recibió recursos por mil 703 millones 726 mil 613 pesos. Para 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que sustituyó a la comisión, tendrá recursos por mil 863 millones 789 mil 949 pesos, un poco más de 160 millones de pesos, lo que representa un aumento de 9.4% respecto de los recursos destinados a seguridad pública.

Adicionalmente, el proyecto de presupuesto para el 2025 incluye la entrega de 15 millones de pesos a cada municipio que firme el convenio de Mando Coordinado policial, con el que se fortalecería la colaboración entre el estado y los municipios en materia de prevención del delito. Así que, de firmar, como se proyecta, los 36 ayuntamientos el convenio, el gobierno estatal destinaría 540 millones de pesos adicionales a la seguridad pública de cada uno de los ayuntamientos.

 

El total reservado, entonces, para tareas de procuración de justicia y seguridad pública sería de tres mil 684 millones 362 mil 659 pesos; superior en 961 millones a los dos mil 723 millones 277 mil 532 pesos que se ejercen en el 2024.

El Plan Estatal de Desarrollo contempla cinco ejes rectores para la acción gubernamental en los próximos seis años, el primero de ellos es el de Seguridad, Justicia y Construcción de Paz.

 

El plan maestro del Presupuesto de Egresos 2025 presentado al Congreso de Morelos establece además otras acciones en materia de seguridad que no tienen un cargo directo a las partidas presupuestales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las policías bajo el Mando Coordinado, ni la Fiscalía General del Estado, como el reordenamiento del registro vehicular de Morelos a través de los refrendos y en caso de atraso, la tenencia vehicular: “uno de los reclamos de la sociedad es y ha sido el robo de vehículos, es vox populi dicho ilícito, que se ha venido incrementando año con año; y es de reconocer que el establecimiento de este impuesto, sin duda permitirá una depuración año con año en el Registro Estatal de Vehículos y Automotores del Estado, que se integra con la información de aquellos vehículos que son matriculados en nuestra Entidad, teniendo los datos reales y actualizados de propietarios, poseedores o tenedores y de sus respectivos domicilios”.

Otra de esas estrategias son las acciones de fomento económico y promoción del empleo, la recuperación de espacios públicos, el fortalecimiento a la regulación de los servicios de seguridad privada, y la ampliación y mejora de los programas sociales.

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