ASF pidió investigar a más de 50 exfuncionarios

 

• La cuenta de observaciones de la ASF sobre los recursos federales ejercidos en el 2023 rebasa hasta ahora 220 millones.
• “No es nada” en comparación con el total que se dará a conocer en febrero, aseguró la secretaria de la Contraloría.
• Las aclaraciones y las indagatorias respecto de la gestión de exfuncionarios involucrados tocarán a la actual administración.

 

Además de las diversas crisis económicas, sociales y de seguridad que heredó la administración de Cuauhtémoc Blanco a la gobernadora, Margarita González Saravia y sus colaboradores, otro pendiente igual de grave es la solventación de cientos de millones de pesos de programas federales que ha solicitado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y tendrá que cumplir la nueva administración.

La secretaria de la Contraloría, Alejandra Pani Barragán, expuso que la propia ASF adelantó al Ejecutivo de Morelos que solo de las auditorías del 2023, cuya última emisión se presentaría el próximo febrero, “es una buena cantidad de dinero que hay que solventar”.

De acuerdo con la información de la ASF sobre las 12 auditorías practicadas a gasto federal aplicado por el Ejecutivo de Morelos durante 2023 que se han dado a conocer (faltaría una tercera entrega en febrero próximo); la administración de Cuauhtémoc Blanco presenta montos por aclarar superiores a los 220 millones de pesos que han llevado a la aplicación de 51 acciones sancionatorias y resarcitorias.

Las observaciones no aclaradas en el plazo establecido por la ASF se presentaron, como informó oportunamente La Jornada Morelos, en el Fondo de Aportaciones Múltiples (556 mil 300 pesos); el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (140 millones 629 mil pesos); Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (11 millones 498 mil pesos); Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, (16 millones 67 mil pesos); Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (50 millones 464 mil pesos); y Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (951 mil 500 pesos); lo que representa un total parcial de 220 millones 167 mil 300 pesos; por los que debe responder el Ejecutivo estatal.

Más grave, en febrero vendrá un nuevo informe de auditorías practicadas a “muchas secretarías”, adelantó Pani Barragán. “Se está abarcando el 100% de los programas y el 100% de los municipios.., en febrero nos dan el total (de los montos por aclarar) pero el grueso viene en febrero”.

Refirió que la administración de Cuauhtémoc Blanco no hizo las solventaciones a que estaba obligado “Vamos como en 220 (millones de pesos en la cuenta de montos por aclarar) pero eso no es nada, falta el grueso que es en febrero que te va a dar el total”.

La secretaria expuso que la administración de Margarita González Saravia deberá aclarar el destino de los recursos destinados a diversas dependencias a través de fondos federales específicos.

En el caso de la auditoría hasta ahora con mayor monto observado, la 1341 del 2023, las irregularidades detectadas por la ASF involucran a la Comisión Estatal del Agua, el Instituto de Infraestructura Educativa, y las secretarías de Hacienda y Obras; y tienen que ver con las irregularidades en la asignación de contratos de obra pública; probables desvíos de recursos, materiales y equipos; adquisición de equipos de cómputo y software fantasma; documentación faltante en los expedientes de obra pública y el pago de obras inconclusas o inexistentes.

Las revisiones practicadas a los programas de gasto determinaron en conjunto el posible daño al erario por más de 220 millones de pesos, que llevó a fincar responsabilidades sancionatorias, resarcitorias, e iniciar procesos de investigación sobre el ejercicio de alrededor de 50 funcionarios públicos, las indagatorias quedan como una responsabilidad más de la actual secretaria de la Contraloría, Alejandra Pani Barragán.