Habitantes de Hueyapan denunciaron que el Concejo Mayor de este municipio indígena realizó una asamblea general con el objetivo de erradicar el sistema normativo interno vigente, el cual pretende imponer, aun cuando la mayoría no está de acuerdo.
Al respecto, Delia Ramírez Castellanos, activista defensa del derecho colectivo de esta localidad y pobladora, consideró que, de realizarse cambios, se reflejará una violación grave a los principios de legalidad y al derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación.
“El sistema normativo interno del municipio indígena de Hueyapan se ha desarrollado como un mecanismo esencial para garantizar los derechos colectivos de la comunidad, incluyendo la participación, la transparencia y la protección de su territorio. En junio pasado, los concejales del municipio anunciaron su intención de modificar estas normas durante asambleas de barrio, a lo que la comunidad respondió contundentemente en contra”, relató.
Sin embargo, el Concejo Mayor ha continuado con acciones que transgreden el consenso comunitario y amenazan los derechos fundamentales de los habitantes, por lo que señaló que los actos promovidos carecen de sustento legal.
“Estas modificaciones al sistema normativo interno de Hueyapan representan una regresión en los derechos adquiridos por la comunidad. El proceso de imposición, sin consulta ni consentimiento previo, es incompatible con el marco jurídico nacional e internacional que protege los derechos de los pueblos indígenas. Además, las disposiciones del estatuto propuesto son contrarias a los principios democráticos y de justicia que deben regir cualquier normativa comunitaria”, mencionó.
Por lo que hizo un llamado a las autoridades obligadas a vigilar que los derechos humanos sean respetado, garantizados y protegidos, por lo que solicitó la anulación de la asamblea del 15 de diciembre y
de cualquier disposición aprobada en contravención al marco legal; la intervención inmediata de las autoridades competentes para garantizar el respeto a los derechos humanos y a la autonomía del pueblo de
Hueyapan, así como la aplicación efectiva de los mecanismos de consulta previa, libre e informada en futuras reformas normativas.
“Ninguna ley o norma puede ni debe violentar los derechos humanos de ningún pueblo o comunidad, así como de sus habitantes. La autonomía y los derechos de los pueblos indígenas no deben ser objeto
de manipulaciones políticas ni de intereses particulares. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la justicia y la legalidad en Hueyapan y en todos los pueblos indígenas de México”, acotó.
