Magistrados de la Primera Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazaron haber incurrido en actos de corrupción e ilegalidad, y sostuvieron que la liberación de dos hombres acusados de presunto homicidio obedeció a que no se presentaron pruebas suficientes sobre su supuesta participación en la privación de la vida de tres personas en el municipio de Cuautla, en septiembre de 2022.
En rueda de prensa, y acompañado de varios de sus homólogos, el magistrado y presidente de esta sala, Manuel Díaz Carvajal, señaló que quienes integran el órgano jurisdiccional decidieron fijar una postu-
ra pública sobre este caso, porque “hemos advertido una situación un tanto extraordinaria con la emisión de esta sentencia”, al ser un tema de la mesa estatal de seguridad.
Recalcó que la absolución de Rogelio Ángel “N”, alias “El Diablo”, y Francisco Yahir “N”, a quienes un tribunal de enjuiciamiento sentenció a 75 años de prisión por el triple homicidio, obedeció a que el agente del Ministerio Público no expuso pruebas suficientes sobre la responsabilidad de los imputados, ya que no se presentó ningún testigo de los hechos y los testimonios de tres policías fueron desestimados porque no representaban un elemento probatorio.
Cuestionado sobre la petición de la propia gobernadora, Margarita González Saravia, y el secretario estatal de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia, de que se investigue este caso y determinar si hubo alguna ilegalidad de los magistrados de esta sala, Díaz Carvajal resaltó que los juzgadores, dentro de un régimen democrático, están expuestos al escrutinio público y sus sentencias también están sujetas a la revisión de otras instancias, como el Poder Judicial de la Federación.
“Nuestra actuación ha estado apegada a derecho en todo momento, hemos cumplido dentro de nuestro criterio jurídico con las normas constitucionales, convencionales, legales que nos rigen. “Estamos en un esquema de división de poderes, pero a la vez de colaboración de poderes. El sistema de seguridad pública es un sistema concurrente, en donde participamos los tres poderes, en donde colaboramos, nos coordinamos, para cumplir con este servicio público de seguridad en el que el último eslabón es el proceso penal.
No estamos en una posición de confrontación, estamos en un esquema de colaboración entre poderes”, afirmó.
A pregunta de si fueron los jueces o la fiscalía quienes incurrieron en errores u omisiones en este caso, rechazó emitir opiniones o calificaciones sobre el trabajo de otras instancias, por considerar que sólo le atañe lo relativo a la sentencia en polémica.
Insistió en que los integrantes de la sala no incurrieron en ninguna irregularidad y que serán las instancias jurisdiccionales revisoras las que calificarán su fallo, como parte de la dinámica de la administración de justicia.
Incluso, resaltó que la propia sala –como revisora de las sentencia de los jueces de primera instancia-, emite juicios sobre los casos concretos que se le presentan, pero eso no significa que existan actos de corrupción o ilegalidad de los juzgadores.
“A diario emitimos resoluciones en donde confirmamos sentencias de los tribunales de enjuiciamiento, hemos emitido también muchas resoluciones en donde revocamos sentencias absolutorias y emitimos
sentencias condenatorias, y no por eso de ninguna manera señalamos que nuestros compañeros jueces hayan incurrido en algún acto ilegal, en algún acto ilícito”, explicó.
Agregó que hasta el momento no han sido notificados sobre algún procedimiento legal o de investigación en su contra, sin embargo, señaló que en cualquiera que fuese el caso, su única petición es que su trabajo sea sometido a un análisis serio, objetivo e imparcial.
