Padres de familia de la escuela primaria Alfonso Urueta, ubicada en la comunidad de Alpuyeca, bloquearon esta mañana la vía federal que va a Miacatlan y después la libre México-Acapulco, para denunciar un presunto abuso sexual en contra de una alumna de dicho plantel.
Según el presidente del comité de padres de familia del turno vespertino, el presunto abuso contra una menor de siete años ocurrió el pasado miércoles, en el plantel ubicado en el municipio de Xochitepec, en Morelos.
De acuerdo con integrantes de la protesta, los directivos del plantel intentaron sobornar a los padres de la víctima para que no se diera a conocer el caso; les ofrecieron una casa y un negocio, oferta que los familiares rechazaron.
Los padres de la menor presuntamente violentada se acercaron ayer al comité de padres y tras exponer el problema decidieron ir a ver a la directora del plantel para hablar del asunto, pero la funcionaria huyó de la escuela, dejando su vehículo en el plantel y una bolsa de mano en su oficina.
Ante este panorama, los padres de familia también decidieron bloquear la carretera federal Cuernavaca-Grutas a su paso por el pueblo de Alpuyeca, para exigir que un funcionario estatal atienda su problemática y la resuelva.
Hasta el momento, los padres de familia no han sido atendidos por ninguna autoridad; amenazan con continuar con los bloqueos hasta que las autoridades tomen cartas en el asunto.
Condenan a nueve años de prisión a funcionario de PGR por abuso sexual
La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo una sentencia condenatoria de nueve años de prisión contra un servidor público de la institución, por su responsabilidad en la agresión sexual de una colaboradora.
La dependencia explicó que el hoy sentenciado fue consignado por el delito de abuso sexual agravado, en virtud de que siendo servidor público se aprovechó de la confianza que tenía con la víctima y de la relación de subordinación, para obligarla a ejecutar un acto sexual.
La víctima denunció lo ocurrido y el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, comenzó una investigación.
En esa pesquisa se acreditó tanto el cuerpo del delito de abuso sexual agravado, como la responsabilidad del servidor público sancionado, informó la procuraduría en un comunicado.
Con estos elementos se solicitó una orden de aprehensión contra la persona imputada, que fue obsequiada por el juez 5 de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en la Ciudad de México, y cumplimentada por agentes de la Policía Federal Ministerial.