Cd. de México (09 octubre 2016).- Édgar, guatemalteco, 17 años, se encuentra a más de mil kilómetros de donde nació. Ha caminado más de 16 horas por día, solo y con otros que halló como él en el camino. Se ha trepado al tren y ha saltado de él para correr y evitar que la migra mexicana lo regrese al barrio de alta peligrosidad donde vivía con cinco hermanos, entre pandillas a las que se cansó de oponer resistencia. Un 8 de enero le dijo a su madre que iba a la tienda, y desde ese día no regresa a aquel barrio de la Zona 4 de la capital guatemalteca. Su idea es viajar al norte. Siempre al norte.
El joven lleva un rosario en el cuello y guarda una imagen de la Virgen de Guadalupe en el bolsillo derecho. Escucha rap en español mientras enseña el único billete que conserva de su país. Es uno de los 11 jóvenes de entre 16 y 22 años que habitan el único albergue exclusivo para migrantes de esas edades que hay en México, el Centro de Protección Internacional para Adolescentes en el Camino.
Édgar es, también, uno de los 400 mil extranjeros, principalmente centroamericanos, que buscan cada año cruzar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. Pertenece al 30 por ciento que carece de redes que le faciliten su traslado y debe optar por caminos cada vez más hostiles y riesgosos, en medio de una política migratoria que se ha endurecido durante la administración de Enrique Peña Nieto.
El gobierno de México rechaza el discurso de Donald Trump contra los migrantes mexicanos, pero en los hechos despliega una dura política de contención contra los centroamericanos que tratan de cruzar el territorio nacional.
Las medidas de la actual administración se reflejan en el aumento de las detenciones y deportaciones de migrantes, y de las acciones policiacas para frenar el flujo sur-norte.
México devuelve ya más centroamericanos hacia sus países de origen que Estados Unidos, donde el número de deportados con estas nacionalidades disminuye, aún cuando durante la administración de Barack Obama alrededor de 2.4 millones de personas han sido expulsadas de territorio estadounidense, en su mayoría mexicanos.
La idea de impulsar un acuerdo para la migración segura, anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto en la ONU hace menos de un mes, no corresponde con lo que ha hecho su administración, aseguran especialistas y defensores de migrantes, quienes también dudan del llamado presidencial a "solidarizarse" con los migrantes, respetar sus derechos humanos y reconocerlos como "agentes de cambio".
En sus mensajes sobre migración, el mexiquense siempre antepone la mención de respetar los derechos humanos, pero insiste en hacer más "segura" y "ordenada" la frontera sur. Lo hizo también frente a Donald Trump, cuando visitó Los Pinos, el pasado 1 de septiembre. La fórmula presidencial para ese objetivo es fue un plan opaco que en los hechos hizo más inseguro el paso de los indocumentados por el territorio mexicano.
La implementación del Programa Integral Frontera Sur (PIFS), desde julio de 2014, endureció los obstáculos para quienes pretenden cruzar por México rumbo a Estados Unidos.
Sin dar a conocer un diagnóstico previo, Peña Nieto anunció el PIFS con dos propósitos: proteger los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan por México, y ordenar los cruces internacionales para incrementar el desarrollo y la seguridad de la región.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, ese año las detenciones de migrantes se dispararon, con 127 mil 149 eventos, una cifra no vista desde 2007.
En 2015, la tendencia creciente continuó: con 198 mil 141 migrantes. Hasta agosto de 2016, los reportes del INM señalan 116 mil 362 detenciones.
El Plan, que se ha manejado en la opacidad desde su origen hasta su actual operación, dio pie a la construcción de tres centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, conformados por personal del Ejército, la Marina, Gobernación, Hacienda, Sagarpa y Salud.
Desde que arrancó, el número de operativos para detener a los migrantes se elevó.
El 12 de julio de 2014, cuatro días después de que fue publicado el PIFS en el Diario Oficial de la Federación, Miguel Ángel Osorio Chong advirtió en una entrevista radiofónica que, para protegerlos, no se permitiría que los migrantes subieran al tren conocido como La Bestia.
Un mes después, Humberto Mayans, entonces coordinador del PIFS, informó que las autoridades mexicanas habían ya bajado del tren a 6 mil migrantes.
El acecho hacia los migrantes provocó que, en los hechos, los migrantes busquen rutas alternas alejadas de las vías del tren y de la asistencia de los activistas, por lo que quedaron más expuestos al crimen organizado, la delincuencia común y las extorsiones de las autoridades.
El año que arrancó el Plan Frontera Sur, el número de migrantes registrados por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) cayó a la mitad, porque ya no podían pasar por los albergues ubicados en la ruta migratoria.
En el primer semestre, fueron registrados en esos centros de refugio 21 mil 17 migrantes en su camino hacia Estados Unidos. Para el segundo semestre, cuando comenzó a operar el Plan, sólo contabilizaron 10 mil 863 personas, el 52 por ciento que el semestre previo.
Para operar el Plan, fue creada la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur. Un año después, Gobernación informó que ésta sería eliminada y que sus funciones serían absorbidas por el Instituto Nacional de Migración.
Aunque en el papel ya no existe, la Coordinación sigue recibiendo recursos públicos: en 2016 le fueron destinados 93 millones de pesos para su operación, adicionales a los 102 millones ejercidos en 2015. Y para 2017, se prevé otorgarle 59 millones.
El panorama para los migrantes centroamericanos que cruzan por México sigue empeorando. El 23 de agosto pasado, la Secretaría de Gobernación informó que se reforzarían las medidas de seguridad para evitar que se usara La Bestia como transporte hacia el norte, debido a la alta cantidad de accidentes y abusos ocurridos en ese tren.
Después de retirar la concesión de La Bestia a la empresa Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab SA, la Segob señaló que al tren le serían instaladas cámaras de vigilancia y sistemas de información que permitan la comunicación en tiempo real con las autoridades de los tres niveles de gobierno, además de la construcción de bardas perimetrales, y contaría con recorridos de brigadas de seguridad privada y monitoreo con drones.
Pero, mientras se intenta impedir el viaje de los migrantes a través del tren, aumentan los abusos y delitos contra los indocumentados en territorio mexicano por parte de funcionarios públicos.
El informe que genera la Redodem, a través de los 16 albergues que la conforman, documentó que de 2014 a 2015 el porcentaje de delitos cometidos contra migrantes por parte de funcionarios se duplicó.
Los indocumentados víctimas o testigos de un delito en 2014 sumaron mil 886, de los cuales 20.32 por ciento fueron cometidos por funcionarios públicos. Al año siguiente, mil 768 personas señalaron haber sido víctimas de delitos, 41.5 por ciento a manos de algún funcionario.
Los delitos de funcionarios públicos contra los migrantes en su paso por México incluyen abusos de autoridad, extorsión, violaciones sexuales, tráfico de personas y secuestro.
La Policía Federal es la institución que comente más delitos contra los migrantes. Según los datos recabados en los albergues, el 53.3 por ciento de los delitos de este tipo los cometen miembros de la PF.
La segunda institución que comete más delitos contra los migrantes es la policía municipal, seguida de las policías estatales y otras corporaciones que los encuestados no pudieron ubicar.
De acuerdo con el informe Un camino de impunidad -elaborado por la organización Abogacía por los Derechos Humanos de las Américas, Fundar y varios defensores de los derechos de los migrantes-, agentes de la Policía Federal, la PGR y Sedena incrementaron su presencia en los operativos de revisión migratoria.
La participación de la Policía Federal en los operativos migratorios se justificó, oficialmente, en la solicitud de apoyo por parte del Instituto Nacional de Migración.
Con la Ley de Migración, la Policía Federal no tenía facultades específicas para detener por su cuenta a migrantes.
"Inteligentemente, dijeron: 'si no decimos en el discurso que estamos deteniendo a migrantes irregulares y que estamos previniendo el delito del tráfico de personas, o secuestro, nos da facultad para intervenir'", explica Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, Imumi.
La defensora de derechos de los migrantes advierte que, al generalizar el término de "rescate" en los operativos migratorios en que participa la Policía Federal o el Ejército Mexicano, se dificulta medir la eficacia del trabajo en que estas corporaciones sí participan en rescates de personas secuestradas.
"Si tú hablas con los migrantes, ellos no quieren ser rescatados, lo que quieren es desaparecerse y pasar hacia el otro lado", señala.
La organización que dirige Kunher ha emprendido una batalla con la Secretaría de Gobernación para transparentar el proceso bajo el que nació el Plan Integral Frontera Sur, que ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque los ministros ordenaron a Gobernación entregarle a Imumi la información relativa al Plan, pero la institución insiste en que ésta es inexistente.
Marta Sánchez Soler, dirigente del Movimiento Migrante Mesoamericano, destaca que aún con los pendientes legislativos, México podría tener un mejor panorama migratorio si se apegara a la ley.
"Tenemos un Plan Nacional de Migración que no es nada malo y tenemos una Ley de Migración que, si la aplicaran, sería mil veces mejor de lo que pasa ahorita. Estamos mejorando constantemente la legislación, pero no se aplica".
La activista, quien organiza cada año la Caravana de Madres Migrantes, asegura que el abandono hacia esta población provoca que el número de migrantes desaparecidos en suelo mexicano ronde los 70 mil.
Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino, puntualiza que la política de contención aplicada en este sexenio se refleja también en la ley secundaria, que complica la entrega de visas humanitarias a los migrantes que padecen algún delito en el país.
"La presión norteamericana, en el marco del Plan Mérida, dobló a México. Por lo que se redujo las posibilidades de otorgar visas humanitarias. El texto original decía que a toda persona víctima de un delito se le otorgara la visa humanitaria. En la modificación se le agregó que fuera un delito 'grave'".
Javier Urbano, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, señala que el resultado concreto del PIFS fue la inseguridad hacia los migrantes.
El académico coincide en que la política migratoria mexicana se ha endurecido, pero no la interpreta como un acto premeditado.
"El actual gobierno no ha destinado más recursos, salvo Frontera Sur, pero sí ha creado un ambiente propicio para que se endurezca la violencia en contra de migrantes. Frontera Sur dispersó, no hay persecución constante en contra de tratantes y traficantes, es constante el involucramiento de agentes migratorios en casos de crimen organizado y los castigos son muy pocos o muy laxos. El endurecimiento evidentemente existe, la razón: mucha incompetencia", advierte.
La realidad migratoria, señala Urbano, está por encima de los discursos de los funcionarios federales.
"Somos una vergüenza internacional. Si alguien un día quisiera sentar ante un tribunal al Estado mexicano, tendría todas las armas".
La violencia en Centroamérica se ha convertido en la principal razón para que las personas migren, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, cuando la causa fundamental era la pobreza.
Gabriela Hernández, coordinadora del albergue de migrantes Casa Tochán, señala que el incremento de migrantes que huyen de la violencia se agudizó en 2013.
"Vemos que llega gente que vivía no de forma tan apretada, que eso implicaba que los maras les pidieran renta, les pidieran la casa. La violencia sigue en escalada", explica.
En la actualidad, Casa Tochán tiene a 19 personas, de las cuáles sólo tres no solicitaron refugio al gobierno mexicano.
De acuerdo con el informe Un camino de impunidad, entre 2013 y junio de 2016, la Comisión de México de Ayuda a Refugiados (Comar) ha otorgado asilo político a únicamente 2 mil 655 centroamericanos.
La defensora de derechos de migrantes señala que la dificultad para que las personas lleguen a la Ciudad de México complica que terminen su proceso.
"Me he quedado muy sorprendida cuando veo que a la Casa de Tochán llegan personas con las plantas de los pies reventadas. Eso ocurría en albergues donde se vienen bajando del tren. Ahora caminan desde Veracruz.
"No necesita Trump poner ningún muro, porque Peña Nieto ya los puso. La política migratoria que estamos llevando está encerrando a los migrantes".
Alejandro también salió en 2013 de su país, El Salvador, por las amenazas de las pandillas. No pudo pagar la extorsión y abandonó con su hermano la casa donde vivían. Se les unió un vecino, aún convaleciente por un ataque de integrantes de la Mara.
Ya en México, en Tapana, Chiapas, mientras caminaba con tres personas más en un río, fue asaltado por cuatro mexicanos con machetes. Les quitaron todo, a dos los "planaceraron" (como le llaman ellos a los golpes hechos con la parte plana del machete).
Alejandro se estableció en Oaxaca, trabajó como pintor, albañil, electricista. Pero tuvo que regresar a El Salvador en 2015, ya con el Plan Frontera Sur implementado.
Volvió a su país por su pareja, Jenny, a quien conoció en el albergue de Ixtepec y había sido deportada. En esa segunda migración, se dieron cuenta de que internarse en territorio mexicano era más difícil.
"Esa segunda vez, había hasta 10 retenes de una terminal a otra. Demasiado. Además, como que se comunican mucho entre los que manejan los autobuses y los de Migración, que están en los retenes con militares y policías federales".
El joven de 22 años calcula que de Tapachula a Ixtepec, en 400 kilómetros, se encontraron con más de 20 operativos.
Alejandro y Jenny buscan llegar a Tijuana, porque les han dicho que hay más trabajo. Tras sus dos experiencias, dice no entender el papel que juegan las autoridades mexicanas.
"Como que a México no le corresponde intervenir bastante para que no mucha gente pase a Estados Unidos. Siempre he pensado por qué hacen eso si todos vamos por el mismo sueño. Hay mexicanos también. Mi punto de vista es que a México no le beneficia, le beneficia a los que te asaltan en los puntos ciegos, donde te vas para que Migración no te pueda agarrar", comenta.
Alejandro no descarta seguir a Estados Unidos. Después de todo, no ha perdido ese anhelo, el sueño original de la mayoría de los migrantes que quedan atrapados en México.
Después de la visita de Donald Trump a México, Enrique Peña Nieto rechazó la "amenaza" del muro y la criminalización de los migrantes.
"Sin duda, en varias de las propuestas del candidato Trump hay una amenaza real para México, hay un riesgo real para México de cara a su futuro y de cara al desarrollo de nuestro país. México de ninguna manera pagará el muro que usted está proponiendo construir del lado de la frontera de Estados Unidos. No hay forma de que México se preste; está en su soberanía y en su decisión el no pagar un muro que usted está proponiendo".
1 de septiembre, diálogo con jóvenes por el Cuarto Informe de Gobierno.
"El mundo no puede darle la espalda a quienes ya enfrentan el dolor de separarse de sus familias, de su hogar, de la vida que estaban construyendo... es indispensable superar visiones que criminalizan el fenómeno e impulsar políticas globales que impacten positivamente en la vida de los migrantes... Todos los gobiernos del mundo tenemos la obligación ética de actuar para proteger la integridad y la vida, los derechos y la dignidad de los migrantes".
19 de septiembre, Asamblea General de la ONU.