Recientemente, la CNDH emitió una serie de recomendaciones tras considerar que se cometieron diversos errores en la inhumación de 119 cuerpos y bolsas con restos humanos en dos fosas irregulares en la comunidad de Tetelcingo, Cuautla.
El organismo defensor de los derechos humanos aseguró que el proceso de inhumación se hizo sin protocolos, por lo que le pidió al Ejecutivo estatal crear un banco genético de datos y un registro nacional para esclarecer la identidad de los cadáveres; asimismo exigió la reparación integral del daño a familiares, entre otros puntos.
En el marco del VI Congreso Internacional de la Lucha contra el Secuestro y la Extorsión, fue cuestionado al respecto Graco Ramírez, quien expresó que en estas recomendaciones se precisó que no es una "fosa clandestina, sino común", la cual generó una crisis cuando en el lugar fue enterrado una persona que ya había sido plenamente identificada por sus familiares. Se trata de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández.
El gobernador señaló que esta situación los obligó a iniciar un proceso responsable de exhumación de los cuerpos de forma coordinada con la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Científica de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la propia CNDH.
"Una vez que se ha empezado este proceso, el Gobierno del estado construye junto la Fiscalía Estatal un panteón ministerial, una fosa con gavetas, ya con todas la personas plenamente identificadas, y completando procesos no cumplidos de forensia en cadáveres que son de 2011, 2012 y 2013", indicó.
Graco Ramírez destacó que los protocolos y los datos forenses ya están en el Sistema Nacional para que puedan ser identificados por sus familiares.
También refirió que existen muchos panteones que son irregulares, lo cual es responsabilidad de los municipios, por lo que una vez que cumplan con atender las recomendaciones, solicitarán a la CNDH que realice las recomendaciones pertinentes para que se regularicen las diligencias forenses en las fosas comunes, las cuales, aseguró, son legales, pero existen gravas fallas en los sistemas de identificación que impiden la localización de víctimas depositadas en las mismas.
En cuanto a la recomendación de pedir una disculpa pública, Ramírez Garrido Abreu señaló que esta petición fue dirigida a la Fiscalía General del Estado, por lo que su responsabilidad como Gobierno será respaldar a los familiares de las víctimas y reparar el daño en el caso de Oliver Navarrete.