A iniciativa del diputado Francisco Santillán Arredondo, el Congreso del Estado aprobó un exhorto mediante el cual se pide al presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, garantice el pago de los más de 180 empleados despedidos por su administración, a más tardar en el segundo año de su ejercicio constitucional.
El argumento emitido por el legislador radica en el hecho de que el alcalde de Cuernavaca hizo muchas promesas durante su campaña electoral, mismas que no ha cumplido y, más aún, atentó contra la confianza de quienes votaron por él.
Expuso que en lo que va de su mandato, Cuauhtémoc Blanco ha cesado a más de 180 trabajadores de distintos niveles de Gobierno, sin importar si eran de recién ingreso o de administraciones pasadas, lo que generó un récord en despidos laborales.
Según datos proporcionados por la Secretaría del Trabajo en Morelos, más de tres mil 773 demandas en el campo laboral es el rezago de los municipios, lo cual significa que Cuernavaca cuenta con más del 30 por ciento de ellos.
El pasivo laboral de la Comuna capitalina asciende a más de 50 millones de pesos, producto de las resoluciones de los tribunales laborales, que incluso ya contemplan la orden de destitución del presidente y de su tesorero.
Otro de los motivos por el cual se exhorta al Ayuntamiento de Cuernavaca es porque "en un evidente desconocimiento de la ley y sus garantías laborales, el alcalde y José Manuel Sanz Rivera, secretario Técnico, se atrevieron a comprometerse con sus directores, coordinadores y secretarios, a que renunciarían voluntariamente a sus cargos y no le costarían al erario público sus liquidaciones".
Cuestión que en este momento pone en riesgo al erario municipal y no sólo de esta administración, sino de administraciones futuras, por lo que esto supone una falta a la ley, pues todo trabajador tiene derecho a ser liquidado.
De continuar con esta política de "intolerancia laboral por parte del presidente municipal de Cuernavaca, se corre el riesgo de que se destinen sumas millonarias de recursos públicos para pago de juicios laborales, en perjuicio de las condiciones de vida de la población, ya que en lugar de aplicarse a la ejecución de obras y acciones sociales, el dinero se tendrá que destinar al pago de laudos", puntualizó Santillán Arredondo.