Hay instituciones que combaten la inseguridad, responden senadores; los empresarios insisten
Senadores del PRI, PRD, Partido Verde y del Trabajo rechazaron la propuesta que hicieron líderes empresariales de establecer un pacto en contra de la inseguridad.
Argumentaron que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Consejo Nacional de Seguridad y la Constitución son un pacto entre el Ejecutivo federal, los gobernadores y los ciudadanos, y ahí participan también los empresarios.
Fernando Herrera, coordinador de la bancada del PAN, y el senador panista Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia, expresaron su respaldo al llamado de la IP.
Pero los legisladores del PRI y el Verde expresaron sus sospechas de que la propuesta tenga fines políticos y electorales, como lo señalaron Carlos Puente y Graciela Ortiz.
Zoé Robledo (PRD) consideró que debe apostarse por un frente que se desarrolle en torno a los objetivos de seguridad que todos buscan.
Manuel Bartlett, coordinador del PT, dijo que el pacto ya existe y se llama Constitución.
En tanto, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, insistió en un plan emergente de seguridad al indicar que las empresas destinan cerca de 110 mil millones de pesos anuales en estrategias contra la inseguridad.
Planteó que debe separarse el combate a la delincuencia de las funciones de Gobernación, aprobar el mando mixto policial y fijar reglas claras a la actuación de las Fuerzas Armadas.
Senado desdeña pacto de IP sobre seguridad
PRI, PRD, PT y Verde dicen que hay ya acuerdos, sistemas y hasta la misma Constitución; sólo hay que cumplirlos.
Senadores del PRI, PRD, Partido Verde y del Trabajo rechazaron la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de formar un pacto en contra de la inseguridad, pues ya el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Consejo Nacional de Seguridad y la Constitución misma son un pacto entre el Ejecutivo federal, los gobernadores y los ciudadanos, y ahí participan los empresarios.
Incluso legisladores del PRI y el Verde expresaron sus sospechas de que esta propuesta tenga fines político- electorales, como expresaron Carlos Puente y Graciela Ortiz; esta última recordó que “ya estamos con los tiempos muy encima —en materia electoral y de definición de la Ley de Ingresos de la Federación— y las ingenuidades no caben”.
Sólo los panistas Fernando Herrera, coordinador de la bancada, y Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, expresaron su respaldo a este llamado del sector empresarial.
“Me parece muy positivo todo pacto que sea para unirnos todos; a los partidos políticos, niveles de gobierno, para tratar de frenar la inseguridad en el país. Esto habla de la incapacidad que ha tenido el gobierno para frenar la escalada delincuencial, pero es una buena llamada al gobierno; es un buen momento para poder hacer, como país, como Estado mexicano, una pausa en el camino y ver qué es lo que está fallando; qué podemos mejorar y de manera conjunta, poder sacar adelante esta situación.
“Lo más importante es que haya rendición de cuentas por parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que la sociedad civil tome una parte activa en el combate a la delincuencia y corrupción”, aseveró Fernando Yunes.
Por separado, Fernando Herrera consideró que “lo ideal es que exista suma de esfuerzos, de ideas, para atender la problemática del país.
“Toda invitación a la suma de voluntades debe recibirse con optimismo. Todos tenemos que ver en la situación que atraviesa el país, algunos con mayor responsabilidad, pero la solución de los problemas nacionales, requiere la participación generosa de todos los actores”.
El perredista Zoé Robledo consideró que no debe apostarse por un pacto; en todo caso, un frente que se desarrolle en torno de los objetivos de seguridad que todos buscan, ante la evidencia de que la estrategia aplicada no ha dado los resultados esperados.
Manuel Bartlett, coordinador de los senadores del Partido del Trabajo, dijo que el pacto ya existe y se llama Constitución Política; “es una llamada un poco quimérica. Que cumplan los actores con responsabilidad; el Presidente es el responsable, el secretario de Gobernación; es un llamado para que los medios de comunicación se interesen en sus intereses”.
Graciela Ortiz y Carlos Puente coincidieron en que el gobierno federal trabaja de manera coordinada con todas las corporaciones policiacas y con todos los gobernadores; y se registran resultados positivos, como la recuperación de zonas que por años fueron invadidas por el crimen organizado, y en otras es necesario poner mayor atención y trabajar con mayor intensidad, porque es innegable que existen hechos delictivos y se deben evitar.
90% de empresas, víctimas del crimen
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se sumó a la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial y otras cúpulas empresariales que exigen un pacto emergente de seguridad.
Así, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, denunció que nueve de cada 10 unidades económicas del país han sido víctimas de la delincuencia, casi el doble que la cifra oficial.
“Esto ha ocasionado que las empresas destinen hasta 110 mil millones de pesos en estrategias para defenderse de la inseguridad, lo que hace necesario el diseño de un plan emergente en la materia”.
Respaldado por los representantes del organismo empresarial en el país, dijo que el plan debe incluir la separación del combate a la inseguridad de las funciones de la Secretaría de Gobernación, “ya que la concentración de la política y la estrategia de seguridad fue un error, y debe ser transformado”.
Exigió la aprobación del mando mixto policial, iniciativa presentada por el Ejecutivo el 2 de diciembre de 2012, aprobada por el Senado el 17 de julio de 2016 y que actualmente sigue en dictaminación en la Cámara de Diputados. “Son cuatro años ya con este proceso legislativo”.
Además, demandó un plan emergente de seguridad para Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Michoacán, los estados más afectados por el crimen, así como ampliar y profundizar las pruebas de control de confianza.
Entre otras acciones exigen la aprobación del mando mixto policial, el establecimiento de reglas claras para actuación de las Fuerzas Armadas y la expedición de una ley general de seguridad privada.