Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Graco Ramírez destinó a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) 3 mil 477 millones 524 mil pesos, de octubre de 2012 a agosto pasado, mientras Adame ejerció para ambas mil 890 millones 927 mil pesos de octubre de 2006 a agosto de 2010.
La diferencia, de mil 586 millones 597 mil pesos de un sexenio a otro, no ha traído mejorías en seguridad para los morelenses. Al contrario, el saldo es rojo.
Algunos ejemplos: además de los secuestros, han crecido los robos (con o sin violencia) a casas, negocios, vehículos, transportistas, transeúntes y otros, los cuales pasaron de 64 mil 704 a 80 mil 714 entre las gestiones comparadas.
Respecto de homicidios, en la gestión de Adame ascendieron a 3 mil 295 y en la de Ramírez –que está por concluir–, a 3 mil 830. De este total, 2 mil 102 fueron dolosos y su número fue casi dos veces mayor a los registrados en la administración del panista, en la que ascendieron a mil 156. Entre las administraciones comparadas también creció el número de víctimas, al pasar de 68 mil a 84 mil 903.
El incremento al presupuesto asignado a las dependencias referidas no incluye otras aportaciones federales ni partidas extraordinarias o gastos en la construcción de obras destinadas a ese rubro.
Seguridad, promesa incumplida
El saldo rojo persiste en la entidad, aun cuando Graco Ramírez prometió, una vez elegido gobernador, que acabaría con la inseguridad en 18 meses.
También promovió reformas que en los hechos sólo significaron cambiar el nombre de las dependencias encargadas de combatir al crimen organizado: la Secretaría de Seguridad Pública se convirtió en la Comisión Estatal de Seguridad, y la Procuraduría General de Justicia en la Fiscalía General del Estado.
Las acciones del mando único policiaco tampoco han dado la seguridad que anhelan los ciudadanos, quienes ante la ola de crímenes constituyeron en julio pasado el Frente Amplio Morelense (FAM), integrado por al menos cien organizaciones civiles.
Javier Sicilia, activista del FAM y dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, consideró que el presupuesto ejercido por la CES y la FGE se ha invertido en favor del crimen, no sólo del organizado, sino del de Estado, por las violaciones a los derechos humanos y las inhumaciones clandestinas, como las de Tetelcingo
, donde los trabajadores de la fiscalía enterraron 119 cadáveres.
Sicilia destacó que lo único claro es que a la fecha desconoce cómo y en qué se han gastado los más de 3 mil 477 millones de pesos. Por ello, insistió, queremos informe, porque todo ha empeorado, y si fue para integrar el mando único, pues estamos peor
.
Gerardo Becerra, vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Civiles dijo que el gobernador y su gabinete de seguridad y justicia, son unos simuladores que deberían ser destituidos del cargo y sometidos a juicio político para que regresen lo que se han llevado del presupuesto público, en perjuicio de los morelenses
.
Tras calificar de alarmante el aumento de secuestros, robos, asesinatos y extorsiones, dijo que es obvio que la estrategia del gobernador no ha funcionado, pues no sólo los 18 meses se transformaron en cuatro años, también nos están matando. ¡Esa es la verdad!
. Pese a ello, Ramírez no escucha. Creo que el gobernador está fuera de sus cabales
.
Los activistas cuestionan también el nepotismo y el gasto de los recursos en frivolidades
. Sicilia recordó que el tijuanense y titular de la CES, Alberto Capella Ibarra, ha gastado el dinero público en temas no ligados con la seguridad. El 29 de septiembre, cuando cantó en el teatro Ocampo, presentó la orquesta y mariachi del mando único del gobierno estatal. El acto se difundió en el tuit de la CES.
“Como ya se fue el divo (de Juárez), y están en la misma frontera, (Capella Ibarra) decidió que quiere ser el divo de Tijuana. Esto es ridículo y frívolo, porque además canta mal. Ahora sí que se lo lleven a capella”, subrayó Sicilia.