Detienen trabajos de hidroeléctrica en Chiapas de 5 mil 500 mdp
TAPACHULA.- El incumplimiento de la CFE en el pago de tierras a ejidatarios, así como un paro de los obreros, mantiene suspendida la obra de la hidroeléctrica Chicoasén II, en Chiapas.
Desde hace casi dos meses están frenados los trabajos del proyecto, el cual arrancó en enero de 2015 y en el que se invierten 5 mil 500 millones de pesos.
El problema, explicaron fuentes consultadas, es que la CFE inició la construcción de la obra sin liberar las tierras, es decir, sin pagar a los 98 ejidatarios. Además, tampoco ha concretado el procedimiento de expropiación.
Para avanzar en los trabajos, la empresa eléctrica dio un adelanto de 3 millones de pesos a los ejidatarios.
La CFE se comprometió a liquidar las tierras en un año a partir de que inició la construcción, pero ya casi se cumplirán dos años y hasta ahora no existe un avalúo de las 105 hectáreas ocupadas, aseguran los inconformes.
Además, hay otro grupo de unos 150 ejidatarios que aseguran ser los legítimos dueños de las tierras y a quienes la compañía eléctrica no ha considerado.
Ese grupo denunció el año pasado que la empresa utilizó un acta de asamblea como aval de la obra, pero que en el documento aparecía la firma de personas que ya habían fallecido.
Rubí Solís, del Comité de Ejidatarios y Posesionarios, aseguró que, en respuesta, la CFE emprendió una campaña de represión, lo que los obligó a defenderse jurídicamente.
Otro problema que mantiene frenada una de las obras más importantes del sexenio es el incumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo por parte de la empresa Omega, propiedad de Jorge Melgarejo Haddad, acusó María Olvera Mejía, dirigente en Chiapas de la CTM.
La obra tiene un 20 por ciento de avance, cuando se esperaba que para esta fecha fuera de 40 por ciento.
‘Se pagaron anticipos’
La CFE respondió –a una solicitud de información de REFORMA– que sí ha cumplido con los ejidatarios afectados por Chicoasén II a través de “anticipos al pago expropiatorio”.
“(La CFE ha) realizado los pagos correspondientes por ocupación previa a los 98 ejidatarios impactados por el proyecto. Estos pagos, según la legislación, se clasifican como anticipos al pago expropiatorio, en tanto la Sedatu da curso al proceso expropiatorio”, explica.
Agrega que hay un conflicto entre sindicatos por la titularidad del contrato colectivo, lo que ha derivado en que un grupo impide el acceso a la obra, ante lo cual han presentado denuncias en la PGR.