- Confiesa ante la PGR que las anomalías podrían alcanzar los $1,500 millones
- Cae México en ranking de Estado de derecho
- Perciben mexicanos mayor corrupción
- Ubica estudio al País en la posición 88 de 113 naciones que fueron evaluadas
Un abogado fiscalista confesó a la PGR ser prestanombres del ex Gobernador Javier Duarte y, por sus instrucciones, haber constituido varias sociedades de responsabilidad limitada para invertir en inmuebles en EU.
Entre dichas propiedades, aseguró, se encuentran seis unidades de tiempo compartido en el exclusivo Hotel St.
Regis de Nueva York.
La semana pasada, el ex allegado al Gobernador con licencia de Veracruz se presentó a declarar voluntariamente ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) y estimó los presuntos desvíos de Duarte en al menos mil 500 millones de pesos.
Puntualizó, sin embargo, que le constan unos 350 millones.
La colaboración de este personaje con las autoridades federales aceleró las investigaciones contra el ex Mandatario, contra quien la PGR ya solicitó orden de aprehensión ante un juez federal.
Autoridades y allegados al caso dijeron que el litigante -de quien se reservaron el nombre- reveló a los fiscales federales que, por instrucciones de Duarte y su amigo Moisés Mansur Cysneiros, constituyó más de 10 empresas de papel o LLC en la Unión Americana para adquirir e invertir en inmuebles en Miami y Nueva York.
Una vez que los bienes habían sido comprados, indicó el informante a la PGR, Karime Macías, esposa de Duarte, le daba instrucciones para endosar y transmitir a terceros las acciones de las LLC tenedoras de las propiedades a fin de borrar el rastro de las operaciones.
Los tiempos compartidos en el St. Regis, ubicado en Manhattan, se cotizan entre 200 mil y 400 mil dólares por unidad, más una cuota anual, y permiten al dueño utilizar un departamento hasta 28 noches por año.
El informante de la Procuraduría, además, habría documentado compras millonarias de joyas para mujer y relojes para hombre en un negocio en Polanco, entre ellas un anillo con un costo de 200 mil dólares.
Conforme a los datos obtenidos, la PGR inició seis carpetas de investigación en las que Duarte aparece como probable responsable, cuatro de ellas radicadas en la Dirección General de Asuntos Especiales de la SEIDF y dos más en la SEIDO.
Una fue iniciada por una denuncia de delitos fiscales y financieros también en contra de Moisés Mansur, así como contra el abogado José Juan Janeiro y tres mujeres.
Los mexicanos experimentaron durante este año una mayor corrupción, problemas inseguridad y menos acceso a derechos fundamentales.
De acuerdo con el ranking mundial que mide el Estado de Derecho en 113 países, México cayó nueve lugares respecto al año pasado.
El Índice de Estado de derecho 2016, realizado por el World Justice Project (WJP), ubica a México en el lugar 88 de 113 países evaluados en todo el mundo, aunque el año anterior ocupó el lugar 79.
El estudio anual mide la forma en que los ciudadanos experimentan la corrupción, seguridad, justicia, cumplimiento de regulaciones y acceso a derechos fundamentales.
Con base en encuestas aplicadas a ciudadanos y expertos, la justicia civil y penal hacen a México uno de los países peor evaluados a nivel mundial.
Esta edición, cuya cobertura se ha incrementado de 102 a 113 países, se basa en más de 100 mil encuestas en hogares y más de 2 mil 700 encuestas a expertos que miden la manera en la que el Estado de derecho se aplica a situaciones comunes y corrientes.
El índice evalúa el desempeño de los países utilizando 47 indicadores organizados en 8 factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil y Justicia Penal.
Dichos indicadores estudian si la justicia está libre de corrupción y si la ciudadanía la considera efectiva, imparcial y oportuna.
En el ranking global de justicia penal, el lugar de México cae hasta la posición 108, aunque el año anterior estuvo en el lugar 93.
Tampoco obtuvo buena calificación en el indicador de corrupción, que evalúa si los servidores públicos utilizan sus cargos para sus intereses personales.
En el ranking global de Ausencia de Corrupción, el país ocupa el lugar 99.
Según el indicador de Orden y Seguridad, los mexicanos tampoco consideran que el crimen esté controlado, que los conflictos civiles sean limitados que las personas no recurran a la violencia para solucionar sus problemas.
El indicador más optimista es el de Gobierno Abierto, que considera el acceso a la información pública, la participación civil y los mecanismos para que los ciudadanos puedan quejarse.
México obtuvo la posición 24 de 30 países evaluados en Latinoamérica y el Caribe, donde el mejor Estado de derecho se documentó en Uruguay, Costa Rica y Chile.
Respecto a los países de ingreso medio alto, se ubicó en el puesto 32 de 37 países evaluados y en el 88 de 113 países de todo el mundo.