Fernando Charleston es señalado como integrante del “Cártel de Veracruz”, entidad donde los delitos se intensificaron
Es acusado, junto con Javier Duarte, de la grave situación económica, desfalcos y saqueo de recursos en ese estado
Además de la búsqueda que inició la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, también se encuentra en la lista de la PGR el actual delegado especial del PRI en Morelos, Fernando Charleston Hernández, entre otros integrantes a quienes señalan como integrantes del “Cártel de Veracruz”, por la grave situación económica, los desfalcos, saqueo de recursos y los delitos que se intensificaron en esa administración priísta.
Charleston Hernández, llegó a Morelos a finales de junio de este año por designación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, supuestamente para poner orden derivado de los conflictos internos entre la militancia priísta, sin embargo, su presencia en este instituto político ha sido prácticamente nula y hoy en día, está siendo investigado por la PGR derivado de que al parecer está señalado como uno de los involucrados en la quiebra de las finanzas de la administración pública estatal.
Cabe señalar que la deuda pública reconocida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) supera los 40 mil millones de pesos, todo ello a pesar de que especialistas en la materia hablan de un pasivo superior a los 100 mil millones de pesos por la suma de otros adeudos, generados por un desorden en el que está altamente vinculado a los cinco cambios de titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz.
Cabe señalar que el gobernador con licencia y un grupo de ex colaboradores, entre los que se encuentra el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Morelos, Fernando Charleston Hernández, enfrentan investigaciones de la PGR por cargos de enriquecimiento Ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.
Además de que existen al menos dos investigaciones, integradas con 14 tomos y 81 anexos; 10 servidores públicos vinculados por las acusaciones evidenciadas en los contratos de la administración estatal que provocó que estén siendo investigadas: 34 empresas ‘fantasma’ involucradas; 3 mil 300 millones de pesos en contratos; 34 funcionarios y personas relacionadas con diversas denuncias por la Procuraduría General de la República.