De acuerdo con información dada a conocer por la titular de la PGR, Arely Gómez González, la investigación en la cual se indagó a Javier Duarte determinó que los delitos fueron cometidos por ‘‘un grupo de nueve personas, de las cuales dos ya fueron detenidas y seguimos tras la captura de todos estos sujetos’’.
La procuradora dijo que una vez que se obtuvo el mandamiento judicial ‘‘se comenzó a trabajar para su ubicación, siempre respetando los derechos humanos del presunto’’, y aseguró que la institución a su cargo ‘‘no hace ningún pacto con ningún delincuente’’.
Luego de participar en una reunión del gabinete de seguridad, llevada a cabo en el puerto de Acapulco, Gómez González dijo: ‘‘Derivado de una denuncia que se presentó ante la misma PGR, se empezó a realizar toda la investigación para ver si se cometían o había alguna vinculación del gobernador (Javier) Duarte con algún ilícito. Después de estar trabajando de una manera seria, profesional y con elementos suficientes, se presentó como carpeta de investigación ante el juez (federal)’’.
Aseguró que este caso ‘‘es uno de los asuntos más relevantes que se están llevando ahorita en el sistema penal acusatorio, y el juez, después de un análisis y de haber escuchado al Ministerio Público y a los fiscales, decidió librar la orden de aprehensión’’ en contra del gobernador con licencia Javier Duarte.
‘‘A partir de ese momento, y con la certeza de que de que se tenía una orden de aprehensión emitida por el Poder Judicial competente, se empieza a trabajar para su ubicación, pero siempre respetando, absolutamente, el debido proceso y los derechos humanos del presunto. Asumimos siempre una presunción de inocencia y por lo mismo de esa manera se está trabajando’’.
Respecto de Javier Duarte, funcionarios federales señalaron que antes de consignar el expediente, el Ministerio Público Federal realizó un análisis del fuero constitucional y si éste concluyó cuando el mandatario veracruzano solicitó licencia, y se llegó a la determinación de que esa protección es inherente al cargo y no a la persona.
La PGR recibió del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 34 denuncias por la transferencia ilegal de más de 600 millones de pesos hacia empresas fachadas, en las cuales estaban involucrados colaboradores de Duarte de Ochoa y personas físicas que participaron en la creación de esas falsas empresas.
En ese contexto, en los días recientes la procuraduría ha obtenido órdenes de aprehensión en contra de ex colaboradores de Duarte y también en contra de personas que crearon empresas fachadas a través de las cuales se desviaron recursos del erario veracruzano.
Esta sería la primera consignación que la PGR realiza en contra del gobernador con licencia, ya que integra directamente en su contra al menos tres indagatorias más, éstas por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.