Las entidades federativas tienen una calificación reprobatoria de 44.66 puntos en promedio, de acuerdo con el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (IDES) 2016, el cual mide el esfuerzo institucional básico para implementar una política social robusta, transparente y participativa que se requiere para reducir los rezagos sociales y la pobreza.
El IDES 2016 analizó a los estados en dimensiones clave como la eficacia de la política social de los estados, la planeación programático-presupuestal, la gestión eficiente de programas sociales, el monitoreo y evaluación de programas sociales, y la apertura y participación ciudadana.
De acuerdo con el ranking que clasifica a las 32 entidades federativas de mayor a menor nivel de desarrollo de capacidades, en primer lugar se coloca Jalisco, con una calificación de 70.3 puntos de un total de 100, seguido de Hidalgo, con 67.5, y la Ciudad de México, con 65.28.
Con el nivel más precario de capacidades para el desarrollo social sobresalen Michoacán, Durango y Quintana Roo, los tres con una calificación de 27 puntos. Otros estados como Guanajuato, Nuevo León y Morelos están dentro de los primeros 10 sitios del ranking.
Así, el puntaje promedio obtenido en conjunto por las 32 entidades federativas fue de 44.66, según Gesoc.
La organización civil, ponderó que ante el escenario de escasez de recursos provenientes del proyecto de presupuesto público para 2017, así como el inicio de nuevos periodos en gobierno en 12 estados, se requiere que los gobiernos locales implementen programas de mejora que permitan elevar la calidad de los programas y acciones de desarrollo social.
Para ello se deben revisar las principales fortalezas y debilidades de cada estado y tomar en cuenta las recomendaciones de mejora, concretas y realizables a cada gobierno estatal.
Recomendaciones. Gesoc recomendó a Chihuahua y Veracruz, contar con un nuevo Plan de Desarrollo Social estatal que diagnostique, con base en evidencia, los rezagos sociales de atención prioritaria, los grupos poblacionales que los padecen y los recursos presupuestarios para atender las brechas identificadas.
A Chiapas, Nayarit y Sinaloa la ausencia de una Ley de Desarrollo Social Local les hace necesario definir operativa y programáticamente lo que la entidad federativa entiende por “Programa de desarrollo social”.
Durango, Aguascalientes y Campeche consideró que para mejorar deben incluir los programas sociales en su estructura programática y presupuestos estatales, identificando su presupuesto asignado y sus respectivas metas e indicadores estratégicos y de gestión.
Publicar la información relativa al ejercicio de recursos y desempeño de los programas estatales, deben hacerlo Oaxaca o Puebla porque no incluyen en la cuenta pública estatal la información sobre el presupuesto ejercido y los resultados anuales de los programas implementados durante el año.