El abogado recordó que de acuerdo con el artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal, la comisión de entrega recepción cuenta con un término de 30 días naturales a partir de su constitución, en la primera sesión de Cabildo, para emitir su dictamen. Este término es improrrogable, por lo que el informe que acaban de presentar está fuera del término que señala la ley; es extemporáneo y por ende, ilegal. Además, la comisión fue omisa en presentar su dictamen y esto puede dar lugar al fincamiento de responsabilidades para sus integrantes.
Por otra parte, mencionó el ex funcionario que al parecer la comisión dictaminadora desconoce que el objetivo del diagnóstico que debieron presentar dentro de los 30 días naturales a partir del 1 de enero pasado, es verificar la existencia física de expedientes y resguardo de inventarios, como lo señala la misma disposición y no el fincamiento de responsabilidades, como pretenden hacerlo ahora, dado que para eso existe el proceso de entrega recepción de titular de área saliente a titular de área entrante, regulado por la Ley de Entrega Recepción.
Es decir, los funcionarios que recibieron la administración debieron, en su momento, generar las observaciones correspondientes a los funcionarios salientes y en todo caso, estos debieron solventarlas y de no hacerlo, iniciar los procedimientos correspondientes.
Paredes Sotelo consideró que los secretarios de la actual administración han sido sustituidos tantas veces que seguramente, de existir irregularidades, habrá que buscarlas entre los titulares que han sido destituidos en el transcurso del presente año.
Añadió: "Es incongruente que habiendo transcurrido casi 10 meses de haberse llevado a cabo la entrega recepción global y en cada una de las secretarías, hoy salgan con la embajada de que hay irregularidades, obviamente, con el fin de distraer la atención de la ciudadanía."
Las declaraciones del secretario del actual Ayuntamiento son irresponsables y carentes de fundamento, sostuvo Enrique Paredes, quien consideró que lo que se busca es ocultar temas escandalosos, como la quiebra virtual de la comuna capitalina por el inadecuado manejo financiero, el contrato presuntamente firmado por el alcalde para alquilarse como candidato o la indagatoria que sigue la Procuraduría General de la República en torno a ilícitos cometidos supuestamente por servidores públicos municipales de la presente administración.
Aun cuando el tema es evidentemente mediático, se dará seguimiento puntual a cada una de las observaciones derivadas de dicho dictamen, hasta demostrar que no hay irregularidad alguna en la entrega recepción de la administración anterior, estableció.
"Desde luego, se habrán de ejercer las acciones legales a que haya lugar por las declaraciones difamatorias que afectan el prestigio y buena fama de los funcionarios que fungieron durante 2013-2015", finalizó.