Jesús Román Salgado, vocero de la coalición de los sindicatos de los tres poderes, acompañado por Leticia Castro Balcázar, secretaria general del poder Judicial, Argelia Corona Núñez, secretaria interina del sindicato del poder Ejecutivo, y Ana Lilia Ocampo Castrejón, de los Jubilados y Pensionados del Gobierno del estado, así como los secretarios de los sindicatos de los diversos municipios, indicó que el diputado Jaime Álvarez Cisneros ha sido el promotor de esta iniciativa y ha insistido en aprobarla sin el consentimiento de los trabajadores.
Asimismo, le recordaron al legislador que existe una minuta de trabajo, en la que, el año pasado, la mayoría de los diputados e integrantes de la coalición se comprometieron a socializar esta iniciativa, a través de mesas de trabajo, para enriquecer el documento con las aportaciones y sugerencias de los trabajadores.
"Hasta la fecha no hemos sido convocados por ningún delegado, por lo que le hemos pedido al diputado Esaú Mondragón que se le dé seguimiento y cumplimiento al acuerdo firmado con anterioridad referente a dicha iniciativa".
Los sindicalizados sentenciaron que si no son tomados en cuenta y no se socializa la iniciativa, se radicalizarán las acciones de protesta, ya que aseguraron "no permitiremos sorpresas, estaremos al pendiente de cada sesión y serán perseguidos a los lugares donde se trasladen a sesionar, tal como le hicieron con la Ley del Instituto de Crédito".
La coalición expuso que le apuesta al diálogo, a mesas de trabajo y socializar los temas, para que se presente ante el pleno una iniciativa que garantice la estabilidad de los derechos a una jubilación digna.
También exigieron que se abran los expedientes de las jubilaciones del año 2010 a la fecha, a fin de que se revise la documentación presentada, ante la presunción de nombres y montos de jubilaciones "doradas", pues no cumplían los requisitos legales sobre los años de servicio, como el caso de la ex secretaria de Finanzas, Cerli Elizabeth Barona Armenta, recientemente beneficiada con esta prestación.
Finalmente mostraron su solidaridad con los trabajadores de confianza que han sido despedidos; pidieron que los diputados analicen y revaloren la medida, además de que se investigue el quebranto financiero, a través de una auditoría, y se castigue a los responsables conforme a derecho.