Cd. de México (01 noviembre 2016).-
Sólo en 2015, el Gobierno que encabezó Javier Duarte en Veracruz dejó un daño patrimonial de por lo menos 16 mil millones de pesos, de acuerdo con el dictamen de la Cuenta Pública de ese año aprobado anoche por el Congreso local.
En el documento, que fue avalado por 47 votos a favor, dos en contra y una abstención, a sólo cinco días de concluir la actual Legislatura, se establece que el órgano fiscalizador detectó irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por más de 14 mil 220 millones de pesos.
Además, se registró la falta de comprobación en mil 994 millones de pesos, gastados a través de la Dirección General de Comunicación Social, así como inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones.
"La Comisión de Vigilancia previene que la falta de soporte documental de erogaciones conlleva a un gasto sin comprobar, por lo tanto es considerado daño patrimonial", refiere el documento.
En tanto, el Gobierno de Duarte, hoy prófugo de la justicia, tampoco pudo comprobar el ejercicio de 8 mil 146 millones de pesos supuestamente gastados en la nómina de la Secretaría de Educación Pública.
"La Secretaría no proporcionó documentos justificativos y comprobatorios que amparan el ejercicio del gasto", señala.
Aunque en el dictamen se advierte que la información proporcionada fue insuficiente, se determinó que la Contraloría General del Gobierno estatal realice una compulsa para verificar la totalidad de la nómina educativa en el Estado.
Los legisladores dieron una segunda oportunidad a la Secretaría para que entregue la información en un plazo máximo de 30 días, con la advertencia de que darán vista a las autoridades en caso de que se haya cometido algún delito.
Las conclusiones del dictamen señalan que el ejercicio del gasto en manos de Duarte estuvo lleno de irregularidades.
"Se concluye que se acreditan diversas violaciones sistemáticas a planes, programas y presupuestos, así como a la normativa relativa a la recaudación, manejo, administración y aplicación de los caudales públicos", indica.
El Congreso aseguró que el Gobierno del entonces priista incurrió en irregularidades de carácter resarcitorio, además de inconsistencias administrativas.
Por ello, se instruyó al Órgano de Fiscalización Superior a que deslinde responsabilidades, finque indemnizaciones y sanciones contra de los funcionarios o ex funcionarios que hayan incurrido en el desvío o malos manejos de los recursos públicos.