La activista Patricia Bedolla consideró un retroceso y una traición de diputados y partidos que presumen ser de avanzada, en materia de respeto a los derechos para todos.
La comunidad de la diversidad sexual adelantó que a las priístas Rosalina Mazari, diputada federal, y a Lisbeth Hernández Lecona, senadora, se las cobrarán cuando regresen a pedir el voto.
El pasado miércoles, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, los legisladores federales rechazaron aprobar el dictamen que envió el presidente Enrique Peña Nieto para que fuera reconocido en México el matrimonio entre personas del mismo sexo y, al mismo tiempo, la posibilidad de adopción.
Patricia Bedolla recriminó que quienes supuestamente son los garantes de los derechos de los ciudadanos en el Congreso de la Unión, sean justamente los que actúen en contra sólo porque la iglesia católica "les gritó y los señores diputados y senadores se espantan, y entonces comienzan a generar un discurso absurdo y dicen que no quieren polarizar al país; no obstante, el país ha estado polarizado desde la Independencia, así como el mundo, por eso no hay justificación para lo que hicieron".
Agregó que podrían acudir a instancias internacionales para advertir de esta violación de derechos a sectores minoritarios.
Destacó que en el próximo proceso electoral tendrán preparada una estrategia para los priístas que operaron en contra de dicha iniciativa.
Alberto Campo Díaz, a nombre del colectivo trans, expuso que en la entidad dicha comunidad no está libre de violencia: "Sufrimos crímenes de odio, golpes, insultos, discriminación todos los días, así como violencia institucional a través de los cuerpos policiacos, en los organismos de salud pública y en el sistema educativo".
Ante los recientes asesinatos de gente de este sector social, demandaron el acceso a la justicia en todo el país, que se condene a los responsables "y que no se repitan actos de corrupción como en el caso de Paola, en la Ciudad de México, donde aún con pruebas en video, el juez dejó libre al homicida".
Respecto a Morelos, solicitaron al Congreso del Estado la aprobación de la iniciativa de reforma al Código Civil, "con el fin de que sea reconocida la identidad de género de las personas trans y de esa manera evitar la discriminación y la violencia".
Finalmente, Campo Díaz añadió que en México se contabilizan al menos mil 218 crímenes considerados como de odio, de los cuales la mayoría fueron en contra de hombres por su preferencia sexual.
La Ciudad de México encabeza la lista de agresiones, le siguen el Estado de México, Nuevo León, Chihuahua y Jalisco.