Para que las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro (UECS) tengan mejores resultados se necesitan jueces y magistrados especializados y certificados que nivelen el derecho a la justicia de una víctima de delito, como lo hacen con un detenido que alega violaciones a los derechos humanos o al debido proceso y es liberado, señaló Rodrigo González Ramírez, titular de la UECS en Michoacán.
En los casi tres años de operación, la UECS ha atendido 140 casos y 155 víctimas, 112 de las cuales fueron liberadas. Se detuvo a 387 personas y se desmantelaron 82 bandas.
Con la más alta tecnología y capacitado por el Buró Federal de Investigación (FBI), el equipo antisecuestro de Michoacán combate ese delito con números favorables, a la baja.
González Ramírez mencionó que esa unidad es la única en el país que tiene un helicóptero exclusivamente para atender el delito y que están próximos a adquirir drones para el trabajo de inteligencia. “Cuenta con una aeronave otorgada por el gobernador [Silvano Aureoles] para utilizarla específicamente para labores de rescate o investigación; es parte del estado de fuerza de la unidad para reconocimiento de posibles casas de cautiverio, traslado de víctimas, rescates y persecuciones”, comentó.
Dijo que lo más importante es rescatar con vida a la víctima. Para ello se tuvo que capacitar y mejorar los sueldos del personal. Por ejemplo, un policía ministerial que ganaba 13 mil pesos ahora gana 27 mil.
La UECS consta de dos torres, la primera alberga el área jurídica, agencias del Ministerio Público, salas de juicios orales para prácticas, servicios periciales, área de atención a víctimas, ludoteca, comedor, dormitorios y un auditorio.
La torre dos está destinada al área policial, donde se realizan trabajos de inteligencia e investigación. Cuenta con un dormitorio donde las familias permanecen durante el proceso de negociación y ya se construyen departamentos para que tengan mejores comodidades.
En entrevista con EL UNIVERSAL, subrayó que la defensa de los detenidos ha buscado la forma de obtener su libertad con el argumento de violaciones a los derechos humanos, de ahí su señalamiento de que los jueces sean especializados. “Como parte del nuevo sistema de justicia nos hemos encontrado con unos criterios respetados, pero no aceptados; libertades que se han generado en primera instancia y que hemos ganado en segunda instancia. Ahora está muy de moda que los abogados utilicen como método de defensa la violación a derechos humanos o del debido proceso, pero a medida en que el Poder Judicial empiece a poner en una balanza y comience a nivelar los derechos de las víctimas vamos a empezar a tener más sentencias condenatorias”, indicó.
Es necesario que el Poder Judicial tenga el personal especializado, “porque no es lo mismo que hoy juzguen un robo en una tienda y el día de mañana un tema de secuestro. [Hay que] enseñarles qué es una red de vínculos y puedan tener un criterio viable para que se realice un rescate pronto. Muchas veces nos encontramos con trabas en el tema del horario al solicitar una intervención de telecomunicaciones”.
Aun con la medida, cuenta que en los operativos han tenido bajas. “Un elemento antisecuestro es un escudo humano, podemos llegar a poner nuestra espalda para que no toquen a la víctima. Durante los operativos tuvimos cinco bajas, tres de ellas en cumplimiento de su deber, dos más de elementos de la Policía Ministerial que al rescatar a la víctima recibieron un impacto de bala en la espalda. Las acciones que realizaron fueron un acto de heroísmo. Por un lado festejas rescatar a una víctima, pero después tenemos que darle la noticia a la viuda de nuestros compañeros”, indicó.
Aseguró que quienes cometían los secuestros eran Los Caballeros Templarios y, aunque ese grupo fue desarticulado, aún hay células identificadas. “Tenemos objetivos trazados, seguimos buscando objetivos que sabemos su nombre y conocemos su rostro”, dijo. Por ello, hace un llamado a la sociedad para que denuncie y el delito no se quede en cifra negra.
“Denuncien, que nos tengan confianza; es difícil confiar en las autoridades, pero estamos trabajando bajo un protocolo nacional y estamos ganando terreno, y ganaremos más con la denuncia”, apuntó.
Agregó que los mecanismos de presión de los secuestradores son diversos y van desde la amenaza de mutilar a las víctimas y enviar sus partes a los familiares hasta decirles que si denuncian se pueden enterar y poner en riesgo la vida de la persona. En todo momento las bandas “van a tratar de que no tengan confianza en la autoridad”.