Saltillo, Coahuila (19 noviembre 2016).- Como Alcalde de Allende, Coahuila, Sergio Alonso Lozano Rodríguez sostuvo una reunión con miembros de Los Zetas y estuvo enterado de la masacre que realizarían con familias de la localidad, afirmó la Procuraduría de Justicia estatal.

Dentro de la investigación, se determinó que además el 20 de marzo de 2011 Lozano Rodríguez presenció cuando miembros de Los Zetas plagiaron a tres personas frente a su domicilio, mismas que fueron llevadas a un rancho para ser ejecutadas.

De acuerdo con testigos en Estados Unidos, habrían sido 300 personas o más las asesinadas en Allende por grupos que tomaron la ciudad entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, cuando se llevaron a familias enteras, aunque la Procuraduría tiene acreditadas sólo a 28 personas.

"Previamente a la comisión de estos hechos, (Lozano Rodríguez) tuvo conocimiento de que los mismos iban a ocurrir toda vez que el ex Alcalde y otro funcionario de ese momento tuvieron una reunión con el grupo delictivo de Los Zetas.

"(Los Zetas) les informaron sobre los ilícitos que iban a realizar los subsecuentes días, donde acordaron no intervenir para facilitar su comisión", refiere la Procuraduría.

Con una orden de aprehensión en su contra, agentes estatales detuvieron la mañana del jueves afuera de su domicilio a quien fuera Alcalde de Allende en 2011.

"Se advierte que el ex Alcalde del Municipio de Allende, Coahuila, tuvo conocimiento que personas pertenecientes al grupo delictivo de Los Zetas, el día 20 de Marzo de 2011, allanaron un domicilio de la Familia Garza", detalla la dependencia estatal.

"Con lujo de violencia privaron de la libertad a tres integrantes de esta familia, para trasladarlos al rancho conocido como Los Garza, ubicado en la carretera Allende-Villa Unión; consintiendo el ex Alcalde estos actos ya que se encontraba en el exterior de su domicilio, frente al domicilio de la familia Garza".

La Procuraduría afirma que, para conseguir la orden de aprehensión, acreditaron que Lozano Rodríguez tuvo responsabilidades penales por dejar de cumplir su función.

"La Subprocuraduría ofreció elementos de prueba que demuestran la forma de intervención como cómplice por omisión", señala en un comunicado.

"En su calidad de servidor público, Sergio Alonso Lozano Rodríguez tenía el deber jurídico de actuar en función de su cargo, como lo es velar y preservar la seguridad pública".