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El litigante y ex presidente de la Barra de Abogados de Morelos, Alejandro Smith Vázquez, afirmó que es un error que el Congreso local pretenda erigirse como “tribunal especial” para revocar el mandato al edil de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, porque no es su competencia dirimir asuntos en materia electoral, ni mucho menos sobre asuntos prescritos o ya juzgados.
Desde su punto de vista jurídico, consideró que el Congreso del Estado actúa de manera incongruente y deja al descubierto una maquinación política contra el ex futbolista, para eliminarlo quizá de la contienda electoral del 2018.
Luego el Congreso decidió “reencausar” la solicitud de revocación de mandato que hicieron dos regidores de Cuernavaca y que 17 legisladores decidieron hacer propia dicha solicitud por considerar que el alcalde capitalino incurrió en supuestas violaciones a la ley, el jurista consideró que el Poder Legislativo comete un exceso.
Explicó que los diputados no tendrían competencia sobre temas que son de jurisdicción de las autoridades y tribunales electorales, además de que esos asuntos (como si Blanco Bravo cumplió con el requisito de residencia para ser candidato) son cosa prescrita y juzgada por las autoridades competentes.
“Son asuntos de índole electoral y por eso hay todo un sistema y tribunales electorales, cuyas instancias ya juzgaron el tema, por eso resulta desconcertante la actitud del Congreso. Cuando se le presentan elementos contundentes respecto de un juicio político del gobernador, ellos se excusan o dicen que no hay elementos o que no se presenta de manera de correcta, pero en este caso sí resulta que es procedente cuando le resulta conveniente a un grupo de intereses”, dijo.
Insistió en que “no hay elementos jurídicos que el Congreso pueda en su caso utilizar para la revocación el mandato que tiene el alcalde. El único legítimo para hacerlo es la sociedad civil, lo es el pueblo, pero ese derecho lo quitaron los mismos diputados de la Constitución con la revocación del mandato”.
Indicó que hay casos de otros ayuntamientos donde se han denunciado irregularidades y los legisladores no han actuado ni con la prontitud ni la animosidad mostrada con el caso Cuernavaca.
Sostuvo que es obligación del Congreso realizar todos sus actos apegados a la ley, lo que incluye garantizar el derecho de audiencia y defensa del edil, y presentar pruebas de las imputaciones.
Agregó que ante la falta de sustento jurídico, el edil de Cuernavaca puede recurrir a la controversia constitucional para impugnar los actos legislativos, la cual estaría en condición de ganar porque el Congreso “se estaría erigiendo en un tribunal especial, lo que está prohibido por la Constitución federal y además va a juzgar sobre elementos ya prescritos, lo cual es también una irregularidad inaceptable”.