No vamos a suscribir ningún decreto que pudiera crear un gravamen por “plusvalía”, dijo sobre el polémico artículo 94 que aprobó la ALDF
Foto: Karina Tejada
CIUDAD DE MÉXICO.
Cualquier impuesto “que fuera nuevo y que llegara a la oficina del jefe de Gobierno o cobro, o impuesto, sería automáticamente vetado”, anunció ayer Miguel Ángel Mancera sobre la Ley de Vivienda que aprobó el martes la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y sobre la legislación que se discute en la Asamblea Constituyente.
En su artículo 94, la Ley de Vivienda faculta al Gobierno de la Ciudad de México a “implementar mecanismos para la captación de plusvalías generadas por las acciones urbanísticas”.
Ayer, el jefe de Gobierno solicitó a los diputados de la ALDF que realicen las adecuaciones a la Ley de Vivienda, para otorgar claridad a la ciudadanía y si hubiera alguna palabra que causara confusión, sea revisada y mejorada.
En tanto, en el artículo 21, inciso C, numeral 7 del proyecto de Constitución para la ciudad se propone que los derechos de edificación sean administrados por el gobierno capitalino, para distribuir cargas y beneficios que imponga el ordenamiento territorial, “incluyendo la recuperación de plusvalías generadas”.
Al respecto, Mancera dijo que fue un error haber utilizado el término “plusvalía” cuando se trata de una “contribución de mejora”, cuyo concepto está referido, dijo, en el Artículo 122, apartado A, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuya redacción –íntegra- sustituirá al polémico artículo 21.
Veto a nuevo impuesto
El jefe de Gobierno llamó a los diputados locales a establecer un artículo que no confunda a la ciudadanía
Cualquier nuevo impuesto o forma de cobro que se pretenda realizar en detrimento de los habitantes de la Ciudad de México será vetado, advirtió ayer el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Esa declaración la realizó tras la aprobación –el pasado martes– en el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) de la nueva Ley de Vivienda, la cual, en su artículo 94, establece que “el Gobierno de la Ciudad de México deberá generar e implementar mecanismos para la captación de plusvalías generadas por las acciones urbanísticas”.
El Ejecutivo local indicó que la ley no puede ser de cobro, porque su finalidad es regular la vivienda en la capital del país.
En ese sentido, Mancera hizo un llamado a los diputados de la ALDF para que sean ellos los que realicen las adecuaciones que le den claridad a la ciudadanía y si hubiera alguna palabra, que causara confusión, sea revisada y mejorada.
Respecto del proyecto del artículo 21, inciso c, numeral 7 del proyecto de Constitución de la Ciudad de México, el jefe de Gobierno reiteró que el error fue haber utilizado el término “plusvalía” cuando se trata de una “contribución de mejora”, precepto que dijo está referido en el artículo 122, apartado A, Fracción quinta de la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos, y cuya redacción –íntegra– sustituirá al polémico artículo 21.
El mandatario capitalino consideró que el tema ha sido aprovechado por sus adversarios políticos para generar polémica, pero, sobre todo, para confundir a la población.
Está politizado, sin duda. Es una intención política clarísima, pero como la facultad está en el Gobierno de la Ciudad de México, pues entonces nosotros hemos fijado una posición muy clara”, subrayó.
Miguel Ángel Mancera explicó que desde 2007, fecha en que se reformó el artículo 122 constitucional, la capital del país recibe recursos por concepto de “contribución de mejora”, los cuales son cubiertos por los desarrolladores inmobiliarios para las obras de mitigación con el objetivo de mejorar el entorno en beneficio de la ciudadanía.
Mencionó que es a través de las contribuciones de mejora –ya sea en especie o en dinero– como se tienen mejores vialidades, equipamiento hidráulico y alumbrado público.
De esta forma, mencionó Mancera, la historia que se ha creado o la posible interpretación derivada de una redacción que no fue precisa (en la aprobación de la Ley de Vivienda), debe quedar desterrada por los habitantes de la Ciudad de México.
Eliminarán plusvalía de la Ley de Vivienda
El artículo 94 de la Ley de Vivienda, aprobada el pasado martes, que establece “que el Gobierno de la Ciudad de México deberá generar e implementar mecanismos para la captación de plusvalías generadas por las acciones urbanísticas”, será modificado.
Así lo anunciaron ayer los presidentes de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, y de Vivienda, Dunia Ludlow, en conferencia de prensa en la que también insistieron que el sentido de este artículo no era generar ningún tipo de impuesto o recaudación tributaria a los propietarios de predios en la Ciudad de México.
El perredista Luna Estrada explicó que sostendrá próximamente una reunión con la Consejería Jurídica para solicitar que en las observaciones que se pueden integrar al texto de la ley se elimine la palabra plusvalía o se elabore un texto específico.
Para evitar esa interpretación equivocada o esa confusión, me parece que tenemos la suficiente responsabilidad y el criterio.
El que modifiquemos el texto del artículo 94, para que no haya dudas, (es) porque no queremos esa ley con ese contenido social; una ley con ese objetivo de elevar la calidad de vida, y de quienes tienen la gran incertidumbre de no tener una propiedad... que es el objetivo fundamental de la ley, que se confunda por una palabra o por un texto”, señaló el presidente de la Comisión de Gobierno.
Coincidencia
Ambos diputados locales señalaron que la polémica por dicho artículo en la Ley de Vivienda, que se aprobó por el pleno de la Asamblea el pasado martes, se generó porque coincidió con el debate de la inclusión del artículo 21 del proyecto de la Constitución para la Ciudad de México, que establecía que “los incrementos en el valor de suelo derivados del proceso de urbanización se considerarán parte de la riqueza pública”.
Admitimos que posiblemente en el ‘huracán’ que nos metimos por el artículo 21, que se estaba discutiendo en la Asamblea Constituyente, esta redacción pudo haber generado polémica con la ciudadanía, y por eso vamos a buscar una mejor redacción con la Consejería Jurídica”, afirmó Dunia Ludlow.
La legisladora local priista insistió en que la Ley de Vivienda únicamente orienta el destino de los recursos obtenidos por mecanismos de “captación de plusvalía” ya existentes, como el predial o las contribuciones que dan los desarrolladores para mitigar los impactos que generan en una zona por construir.
Esa normatividad fue aprobada con 32 votos a favor, cero en contra y 16 abstenciones, por parte del grupo parlamentario de Morena, que cuestionó la conveniencia de presentar y aprobar el dictamen antes de la promulgación –el próximo 5 de febrero– de la Constitución de la Ciudad de México.
El mismo día que se aprobaba esta ley, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, solicitó a la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente eliminar de la redacción del artículo 21 el apartado C numeral 7 que planteaba que la Ciudad de México “puede administrar los derechos de edificaciones para la distribución equitativa de las cargas y beneficios, incluyendo las plusvalías generadas.
No se crearán cobros
Mauricio Toledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Asamblea Legislativa, sentenció que no subirán los impuestos para los habitantes de la CDMX para el año fiscal 2017.
Ante las falsas versiones, rechazamos contundentemente e informamos que no habrá ningún impuesto de nueva creación, al contrario, tenemos la firme convicción desde el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de no dañar a los ciudadanos de esta capital”, subrayó Toledo.
Mencionó que lo platicó con su coordinador Leonel Luna y con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y hay plena coincidencia en este tema.
El legislador perredista empeñó su palabra e hizo un llamado para que no se dejen (los ciudadanos) engañar por esas voces que quieren crear confusión, con claras intenciones políticas.
De la Redacción
Retiran artículo polémico
Tras la polémica que generó la idea de que se diera una aportación a la ciudad por nuevas edificaciones en las zonas con mayor valor de suelo, y el temor de dueños de casas y de departamentos de que el tema les afectara también, la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Asamblea Constituyente eliminó el numeral 7, inciso C, del artículo 21 del Proyecto de Constitución.
En un extenso debate, casi todos los constituyentes argumentaron en favor de su eliminación. Sólo Enrique Provencio y Manuel López Oropeza, ambos del PRD, y Raúl Bautista, de Morena, defendieron el concepto.
Para López Oropeza, el objetivo del numeral 7 era “que los particulares que se ven beneficiados por la acción pública –que hacen edificaciones donde el valor de suelo se incrementó a causa de inversión pública- retribuyan a la sociedad este beneficio, a través de una aportación que se invierta en servicios y mejoras”.
Aseveró que no se trataba de un impuesto, sino una aportación. En tanto, Bautista afirmó que se trató de “satanizar” el concepto y hacerlo ver como un asunto “comunista y chavista, que atenta contra la propiedad privada”.
Ernesto Cordero, del PAN, expuso que “la propuesta era desafortunada, se entiende de manera confiscatoria y que atenta contra la propiedad privada, y por eso nos manifestamos con toda claridad por eliminar esto”, aclaró.
Al final hubo un voto unánime por eliminar el numeral 7, pero se aprobó el 8 en los términos en que lo propusieron Cecilia Soto, del PRD, y René Cervera, de Movimiento Ciudadano.
Ese numeral plantea que quienes quieran construir más pisos de los que se permiten en una zona, por ejemplo, de 2 a 10, deberán dar una aportación para mejorar servicios e infraestructura de la zona.
GEORGINA OLSON