Carece el estado de Morelos de verdaderas políticas públicas que promuevan los derechos de las personas con discapacidad, además que la ley no incluye la participación de este sector de la población con lo que se convierte en tema infértil para las autoridades gubernamentales, acusó el director del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Enrique Álvarez Alcántara.
Así lo dijo el directivo académico al celebrarse el Día Internacional de la Discapacidad que acompañado por el presidente del Movimiento Nacional por la Inclusión y Democracia, Alejandro López Gallardo, destacaron que son seis estados del país que cuentan con un organismo público descentralizado que atiende los asuntos de discapacidad, “el gobierno de Morelos cuenta con políticas públicas de fantasía en este tema pues las cuestiones políticas han impedido que en Morelos se atiendan de manera congruente”.
En Morelos viven aproximadamente 150 mil personas con alguna discapacidad, de las cuales el gobierno desconoce toda información, dijo Enrique Álvarez quien explicó que existen leyes, normas y reglamentos que sin embargo, están desarmonizados al no obedecer a una agenda institucional, sino a iniciativas de las personas que enfrentan directamente o algún familiar, deficiencias, obstáculos y barreras, y efectivamente carecemos de políticas públicas reales”, afirmó Enrique Álvarez.
Propuestas no escuchadas
Alejandro Gallardo por su parte señaló que al inicio del actual gobierno estatal, se hicieron propuestas que no fueron escuchadas, “Morelos ha sido un escenario infértil para los derechos en el tema de discapacidad, lo que hace es imponer consejeros de la sociedad civil, este Consejo de atención de personas con discapacidad, que ha navegado totalmente en la oscuridad, nos desechó de la participación haciendo un esquema de discriminación e imponiendo, como es su estilo”, aseguró.
Enrique Álvarez destacó la necesidad de romper el estigma social que existe hacia las personas con discapacidad, por lo que es importante que se incluyan leyes que las consideren en cargos públicos y políticos, ya que ellos son los que pueden tomar las decisiones más adecuadas para atender esas problemáticas que enfrentan.
Coincidieron en que se debe promover un modelo de municipio incluyente, con perspectiva de discapacidad, con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la sociedad, además de una ley general de inclusión social con un organismo público descentralizado y autónomo manejado por especialistas en el tema.
Desde sus inicios en 2015, el Movimiento Nacional por la Inclusión y Democracia es una asociación civil, integrada por personas con discapacidad de varios estados de la república mexicana, con el objetivo de luchar contra la discriminación que sufren en su búsqueda de un empleo, así como para ocupar mayores espacios en cargos de toma de decisiones