Esto, a pesar de que instancias como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han solicitado a las universidades públicas establecer medidas de austeridad que impidan su colapso financiero; sin embargo, en la máxima casa de estudios su administración ha hecho caso omiso.
En el comparativo realizado a las cuentas públicas de la casa de estudios correspondientes a enero de 2013 y noviembre de 2016, publicadas en su página de transparencia, los académicos de confianza y eventuales administrativos han engrosado la nómina de la institución considerablemente, argumentando un incremento en la matrícula universitaria.
Lo anterior contrasta con un aumento en las plazas de personal docente, es decir, aquellos sindicalizados y de confianza que se encuentran frente a grupo, que apenas superó 26 por ciento su crecimiento, pese a ser los catedráticos que mayormente atienden al alumnado.
En la actualidad, la nómina de la UAEM representa el 84 por ciento del total de recursos de su presupuesto anual, la mayoría provenientes de la Federación y del Gobierno estatal, pues los ingresos propios apenas representan el 16 por ciento, a pesar del presumible incremento de su matrícula escolar.
A esto se agrega que la UAEM adquirió un crédito que se comprometió a pagar con recursos propios por 450 millones de pesos, que en la actualidad representa un débito de poco más de 300 millones de pesos, que fue refinanciado y compromete recursos propios anuales por 60 millones de pesos.
De ese dinero, 34 millones van al pago de capital, y el resto a intereses, todo a solventar en los próximos 10 años, en un estimado acumulado de 600 millones; dicha deuda puede ser objeto de otra restructuración que aumentaría el plazo y el monto a pagar, siempre y cuando se cumpla el contrato, de lo contrario, se tendría que hacer en una sola exhibición.
Mención aparte es el tema del incremento en la nómina de personal jubilado y pensionado, que en los 4 años de la presente administración universitaria ha mostrado un alza de 38 por ciento, lo que implica que en los próximos 6 años se podría duplicar, de acuerdo al avance anual que mantiene y que no se puede evadir, ya que por derecho es una prestación de sus empleados.