CUERNAVACA, Mor. (apro).- Luego de que a la medianoche del jueves el Congreso local aprobara el dictamen que considera a Cuauhtémoc Blanco “culpable de omisión y acción” de violar diversas disposiciones de la Constitución, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) determinó que este sábado discutirá por la mañana la destitución y la posible inhabilitación del alcalde.
En tanto, desde las nueve de la mañana comerciantes del mercado Adolfo López Mateos y simpatizantes del exfutbolista tomaron las instalaciones del ayuntamiento capitalino y desalojaron a los trabajadores, ocuparon los patios y cerraron las oficinas.
Una hora después, elementos del Mando Único retomaron las oficinas sin provocar confrontaciones. Los comerciantes y simpatizantes de Blanco Bravo desalojaron el inmueble pero permanecieron en las inmediaciones del antiguo hotel Papagayo, hoy convertido en sede del ayuntamiento.
Luego, los regidores y la síndico municipal ingresaron al lugar custodiados por elementos del Mando Único. El secretario municipal Guillermo Arroyo Cruz denunció a los medios de comunicación que los ediles querían sesionar “ilegalmente” y “desconocer” al presidente municipal y tomarle la protesta al suplente Juan Manuel Hernández Limonchi. Sin embargo, esto no pudo ser confirmado.
Finalmente, a las ocho de la noche abandonaron el recinto, quedando a resguardo de los policías.
Los elementos policiacos impidieron la entrada a la prensa, así como al secretario municipal, y a los 12 ayudantes municipales de los pueblos de Cuernavaca. Éstos últimos exigieron se les permitiera el ingreso: “Somos elegidos por el voto del pueblo, nosotros no somos impuestos y exigimos respeto”. Sin embargo, tampoco lograron entrar.
Por la mañana, 23 de 33 alcaldes de distintos partidos políticos, encabezados por Cuauhtémoc Blanco, firmaron una carta abierta en la que se pronuncian por la “defensa del municipio libre” en la entidad, reprochan a los legisladores lo que han estado haciendo contra su homólogo capitalino.
Además, cuestionan el hecho de que el Congreso local tenga la potestad de revocar el mandato “que se ha adquirido por la voluntad de la sociedad en una elección, porque al hacerlo se atenta la decisión de todo un pueblo que libremente decidió en su momento elegir a sus autoridades”.
También acusan “intromisión del Poder Legislativo en las actividades y autonomía de los municipios, al iniciar el procedimiento de revocación del mandato al presidente municipal de Cuernavaca, vulnerando principios constitucionales fundamentales por causas que no les competen, y que atentan contra el municipio libre, por lo que rechazamos de manera firme, abierta y determinante dicha intromisión”.
Luego concluyen el texto con la exigencia de “total respeto a la autonomía de los ayuntamientos y a la soberanía constitucional”, y la advertencia de que “la libertad y autonomía municipal siempre serán defendidas por quienes integramos los ayuntamientos del estado”.
Dato curioso, la oficina del Registro Civil ubicada dentro del ayuntamiento tenía en la agenda cuatro matrimonios para este viernes. Las parejas iban llegando, y luego buscaban un lugar alterno para poder llevar a cabo la ceremonia civil y la firma del contrato. Todo en medio del azoro de un ayuntamiento tomado por la policía.
Una funcionaria del ayuntamiento miraba con tristeza la llegada de la policía y su ingreso al ayuntamiento. “Esto parece un golpe de Estado, no puede ser, ¿hasta dónde vamos a llegar?”, decía a quien la quería escuchar, mientras los agentes cerraban todos los accesos al ayuntamiento.
Destituciones
El dirigente estatal del PAN en Morelos, Juan Carlos Martínez Terrazas, emitió un comunicado oficial en el que se deslinda de la decisión tomada por sus cuatro diputados locales.
El partido “se deslinda de la decisión tomada por los legisladores del PAN, dejando en claro que su actuar fue por iniciativa propia y no consultada con el Comité Directivo Estatal, sin que el voto emitido por ellos represente el sentir de esta dirigencia”.
Pero además tomó la decisión de destituir al coordinador parlamentario, el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, por lo que integrará “una comisión especial que evaluará el actuar de los diputados de Acción Nacional y, en caso de encontrar omisiones a la ley o intromisión de alguna fuerza política ajena a la nuestra, se actuará apegado a la normatividad de nuestro partido”.