Cd. de México (26 diciembre 2016).- No sólo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró actuaciones ilegales dentro de la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, también lo hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Desde mayo, con el oficio CNDH/OEPCI/0096/2016, y luego en junio, con el CNDH/OEPCI/0107/2016, la Comisión pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre las diligencias en el Río San Juan, de Cocula, Guerrero.
Así lo refieren los padres de los estudiantes desaparecidos en un documento que entregaron el 29 de noviembre a la Visitaduría General de la PGR, en el que le solicitan, entre otras cosas, resolver la investigación interna, que sigue pendiente.
REFORMA publicó en septiembre que la Visitaduría de la PGR recomendó llamar a cuentas a Tomás Zerón, antes de que dejara la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la dependencia, ya que "no formalizó las actuaciones realizadas", con lo que violó el Código Penal Federal y la Ley General de Víctimas.
Entre las irregularidades mencionadas por la CNDH se encuentra la carencia de facultades de Zerón para trasladar al sospechoso Agustín García Reyes al Río San Juan y dirigir las diligencias, así como evidencias de que el detenido pudo ser víctima de tortura.
También la falta de un informe sobre la intervención policial en ese lugar, la ausencia de constancias que acrediten que estuvo presente el abogado del sospechoso y que no fue incorporada a la investigación toda la evidencia recabada.
"Manipulación dolosa de la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Cocula, para sugerir falsamente que el personal de esta instancia atestiguó las diligencias", señala el último de 13 puntos enlistados en el oficio entregado por la defensa de los padres de los desaparecidos.
La investigación interna de la PGR inició luego del segundo y último informe del GIEI, presentado el 24 de abril, en el que se mostraron videos sobre las diligencias irregulares en el Río San Juan, de donde presuntamente se rescataron los restos del normalista Alexander Mora Venancio.
Sin embargo, el 14 de septiembre, el mismo día que Tomás Zerón dejó la AIC, el funcionario fue nombrado por el Presidente Enrique Peña Nieto como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
Un día antes, el visitador general de la PGR que inició la investigación interna, César Chávez, fue sustituido por Adriana Campos.
Los padres de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 siguen sin reunirse con el actual Procurador General de la República, Raúl Cervantes.
Algunas irregularidades señaladas por la CNDH sobre las diligencias del Río San Juan, en Cocula, Guerrero.
- Carencia de facultades de Tomás Zerón (entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR) para trasladar al sospechoso Agustín García Reyes al Río San Juan y dirigir las diligencias.
- Detectó evidencias de que el detenido pudo ser víctima de tortura.
- Falta de un informe sobre la intervención policial en dicha diligencia.
- Falta de constancias que acrediten que estuvo presente el abogado del sospechoso.
- No fue incorporada a la investigación toda la evidencia recabada.
- Manipulación dolosa de la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Cocula, para sugerir falsamente que el personal de esta instancia atestiguó las diligencias.