Cuernavaca.— El gobierno de Morelos reafirmó su decisión de mantener la Policía de Mando Único en Cuernavaca, bajo el argumento de que la presencia policial ha disminuido 92% el secuestro, 97% la extorsión y 18% los homicidios dolosos.
El edil anunció por la mañana el rompimiento del acuerdo con el gobierno estatal para mantener en la capital al Mando Único. Argumentó que esto se debía a que los mandos policiales en Cuernavaca desconocieron su jerarquía y ocuparon edificios municipales durante tres días, por órdenes de la síndico municipal, Denisse Arizmendi, y algunos regidores.
Blanco dijo que para garantizar la seguridad de los habitantes de Cuernavaca solicitará el apoyo de las fuerzas federales, lo que fue considerado por Matías Quiroz como la demostración de que las autoridades municipales no tienen ninguna condición para hacer frente a la seguridad.
Al respecto el secretario del ayuntamiento, Guillermo Arroyo, advirtió que ante una negativa del gobierno del estado para entregar el control de la policía al ayuntamiento, recurrirán a la Controversia Constitucional.
En conferencia, el secretario de Gobierno precisó que “el decreto —que entró en vigor el pasado 3 de enero—, no marca temporalidad y el convenio es el instrumento para que el decreto tenga coordinación con el municipio, el cual tampoco tiene temporalidad”. Sin embargo, más adelante el funcionario precisó que el convenio del Mando Único se refrenda cada año entre el gobierno estatal y el municipal, en tanto que el decreto únicamente dura un trienio.
Edil teme detención. Cuauhtémoc Blanco teme que ante los blindajes que ha conseguido contra la revocación de su mandato, sus opositores busquen proceder contra él por la vía penal. En entrevista con EL UNIVERSAL, el abogado del mandatario, Cipriano Sotelo Salgado, informó que ante esto la defensa promovió un amparo contra la ilegal orden de aprehensión, detención o arresto:
“Nosotros promovimos las controversias y juicios de amparo a la vez, en todas tenemos la suspensión provisional; ahorita hay seis suspensiones, y tres por juzgados federales, en las que se ordenó que a Blanco no se le despoje de los derechos que ha adquirido como presidente municipal.
“Es tan grande la pretensión política de destituirlo que ante tres embestidas sin éxito, el alcalde tiene temor que lo pudieran impulsar por vía penal”. Por ello, el pasado 20 de diciembre le fue concedida al alcalde la suspensión provisional para que no pueda ser detenido y se fijó el 20 de enero como fecha de audiencia constitucional.