Desde que estaba en campaña Blanco Bravo se opuso al mando único y pobladores le pidieron no no ratificar este modelo, a cargo del tijuanense Alberto Capella Ibarra, pues aseguraron que sólo propició violaciones a los derechos humanos.
Tras el asesinato de Gisela Mota, alcaldesa de Temixco, perpetrado el 2 de enero pasado, un día después el gobernador Graco Ramírez emitió un decreto para asumir la seguridad de 15 municipios, entre ellos Cuernavaca, y el 5 de febrero Blanco Bravo prácticamente fue obligado a firmar el convenio por un año.
El alcalde anunció ayer que decidió “dar por terminado en forma anticipada el convenio que entregaba al gobierno del estado el control de la policía preventiva y de los agentes de tránsito municipal, ante las constantes peticiones de los ciudadanos
. Además, recordó que cuando intentaron destituirlo por medio de un juicio político y mientras duró su huelga de hambre, elementos del mando único ocuparon el edificio del ayuntamiento.
Agregó que se buscarán alternativas de seguridad que fortalezcan la paz social con respeto a los derechos humanos
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El secretario del ayuntamiento de Cuernavaca, Guillermo Arroyo, y el representante jurídico, José de Jesús Guízar, informaron que ya se notificó de esta decisión al gobernador Graco Ramírez; el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y comandante del mando único, Alberto Capella Ibarra, y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
En caso de que el gobernador se niegue a recibir la petición del ayuntamiento, adelantaron, interpondrán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el gobierno del estado respete la autonomía municipal en asuntos de seguridad pública.
Por la tarde, el gobierno del estado informó que el control de la seguridad del municipio aún está en manos de la CES, de acuerdo con el decreto emitido por el mandatario perredista, por causa de fuerza mayor
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