Tras el anuncio de Cuauhtémoc Blanco de terminar el convenio con el Mando Único, la administración que encabeza el gobernador Graco Ramírez no se hizo esperar y a través de Matías Quiroz, secretario de Gobierno, reviró al ex futbolista, señalando que carece de facultades para ello.
“El Gobierno del Estado de Morelos reitera su respeto a la autonomía municipal y del estado de derecho, por lo que niega, enérgicamente, las supuestas violaciones que el presidente municipal de Cuernavaca, el señor Blanco, alude para intentar dar por terminado de forma anticipada el referido convenio en perjuicio de la sociedad”.
El gobierno del estado mantiene el Mando de la Policía Municipal de Cuernavaca, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto por el que se emite la Declaratoria mediante la cual se asume por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, de manera inmediata y temporal, el Mando Policial Municipal de Cuernavaca, Morelos; como un caso de fuerza mayor ante las alteraciones graves al orden público suscitadas a recientes fechas”, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5358, de fecha 3 de enero de 2016.
Dicho decreto continúa vigente por lo que todos los elementos que intervienen en el mando o acciones operativas de las instituciones policiales y de seguridad pública de los municipios, tienen la obligación de acatar las órdenes e instrucciones que directamente gire el Ejecutivo estatal, o a través de la Secretaría de Gobierno y la Comisión Estatal de Seguridad Pública, indistintamente, en términos de la normatividad aplicable.
La actuación del comandante Jesús Pérez Abarca también ha respondido al cumplimiento de su deber y, a la cláusula novena del citado convenio, refirió en torno a las acciones que Blanco señala como causal para dar fin al convenio.
En materia de seguridad hay ya resultados medibles y palpables, indicó el funcionario estatal. En el caso de Cuernavaca, el trabajo coordinado entre autoridades estatales y municipales toma como referencia las cifras oficiales emitidas mensualmente por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional.
Con base en ellas, se establece comparativamente entre 2013 y 2016 una disminución en el delito de secuestro del 92 por ciento; la extorsión en un 97 por ciento y el homicidio doloso en 18 por ciento.