La Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) apeló la decisión del juez federal en Morelos que negó liberar una orden de aprehensión en contra del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, acusado de alterar el Registro Federal de Electores, informaron fuentes federales a EL UNIVERSAL.
El impartidor de justicia rechazó otorgar la orden de aprehensión al darle más valor al hecho de que el folio se encontraba en las bolsas de plástico que contenían las evidencias presentadas por la FEPADE, sin tomar en cuenta los documentos oficiales entregados, como elementos probatorios de un posible delito que se investiga.
Alterar el Registro Federal Electoral es un delito que está considerado en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en el artículo 13, fracción I, y prevé una sanción de 60 a 200 días de salario mínimo de multa y prisión de tres a siete años.
La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la fiscalía, apeló la decisión, puesto que consideró que el juez no valoró el contenido de fondo del pliego de consignación.
La FEPADE tuvo un revés en contra del ex seleccionado nacional. Un juez de control radicado en Morelos se declaró incompetente para otorgar a esa fiscalía la vinculación a proceso de José Manuel Sanz Rivera, secretario técnico del Ayuntamiento de Cuernavaca.
A Sanz Rivera se le imputó el delito de alteración del Registro Federal de Electores para obtener ilegalmente una credencial del INE, al dar como dirección electoral un domicilio en Cuernavaca, donde nunca vivió.
El juez argumentó que los delitos de los que se le acusa al servidor público más cercano al presidente municipal de Cuernavaca son del fuero común y no federales.
En tanto, la FEPADE continúa otra investigación en contra del ex futbolista. El probable delito relacionado con la fiscalización de recursos públicos por el supuesto cobro de 7 millones de pesos que realizó Cuauhtémoc Blanco para ser candidato a la alcaldía, monto que aseguran recibió del Partido Social Demócrata, cuando no vivía en Cuernavaca.
De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Morelos, derivadas de esta carpeta de investigación, el contrato de “prestaciones de servicios profesionales” celebrado entre Roberto Yáñez Moreno, en calidad de promotor; José Manuel Sanz Rivera, como representante, y Cuauh-témoc Blanco Bravo, como “prestador”, así como cuatro cartas compromiso y manifiesto del PSD, el ex delantero aceptó y cobró dicha cantidad.
El contrato, celebrado el 17 de enero de 2015, fue sometido a tres peritajes en grafoscopía forense, el primero confirmó que las firmas en todos los documentos son legítimas y de puño y letra de las personas que ahí aparecen, el tercero resolvió en definitiva que las firmas son de Yáñez Moreno, Sanz Rivera y Blanco Bravo.
A mediados de diciembre pasado, el Congreso de Morelos acusó a Cuauhtémoc Blanco de presentar documentos falsos para registrarse como candidato a la alcaldía por el Partido Social Demócrata de Morelos (PSD).
Por esa razón, los legisladores locales aprobaron un juicio político en su contra, con el fin de separarlo del cargo. Lo acusaban además de recibir donación en obra pública sin el consentimiento de los regidores y de ausentarse del ayuntamiento.
Blanco Bravo presentó “documentos falsos para acreditar su residencia, no es morelense de nacimiento ni residente de Cuernavaca, no vivió en esta ciudad ni realizó vida social o actividad profesional”, argumentaron los diputados del estado en el expediente con el que analizaron la revocación de mandato.
Ante ello, el edil se instaló en una huelga de hambre durante dos días en el atrio de la Catedral de Cuernavaca, la cual terminó cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó una suspensión contra cualquier acuerdo que determine separarlo del cargo, por lo que no puede ser destituido hasta que el máximo tribunal resuelva esta solicitud de protección.