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Advierte que, tras gasolinazo, autorizarían importaciones para asegurar estabilidad en precios de la canasta básica
Fotos: Especial
CIUDAD DE MÉXICO.
El gobierno de la República y los sectores productivos firmaron el Acuerdo por el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar a través del cual se implementarán medidas para mantener la estabilidad económica y social, la inversión, el empleo y los ingresos de las familias.
Al encabezar dicha firma, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que no permitirá un alza indiscriminada en bienes y servicios, de manera particular los artículos de consumo básico, bajo la justificación del reciente ajuste en el costo de los combustibles.
De ser necesario, habremos de autorizar la importación preferencial de productos básicos cuando se detecten grandes aumentos en sus precios”, subrayó.
Reconoció que su administración no tenía margen de maniobra para mantener el subsidio en el precio de las gasolinas, debido a las condiciones económicas que enfrenta el mundo y de las cuales México no es ajeno.
En el evento, al que no asistieron gobernadores ni representantes de los poderes Legislativo y Judicial, tampoco el dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos (quien en la víspera criticó este acuerdo), el Presidente también dio a conocer que, además del recorte que ya hizo el gobierno por 190 mil millones de pesos, se aplicarán otras medidas de austeridad, incluyendo la reducción en 10% en sueldos y salarios de servidores públicos federales de mandos superiores.
En este sentido, reiteró el compromiso por mantener finanzas públicas sanas en favor de los ciudadanos.
Explicó que la situación de las finanzas públicas obligó a decidir entre dos opciones: reducir el gasto social en cerca de 200 mil millones de pesos, en perjuicio de diferentes programas, o reducir el subsidio del precio de la gasolina.
De manera responsable, se decidió por lo segundo.
Dijo que, contrario a lo que ocurría en décadas anteriores, con pactos que se firmaban para cambiar el rumbo económico, el acuerdo signado ayer no es para corregir, sino para “cuidar y preservar la estabilidad de nuestra economía, que hemos construido en las últimas décadas”.
Entre las acciones que incluye el acuerdo también destaca la reducción de al menos en 10% los apoyos otorgados para el gasto en combustibles, telefonía celular y viáticos de los servidores públicos de mando superior.
Ejes torales
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, destacó que las medidas que se implementarán se enmarcan en cuatro ejes: proteger la economía familiar; fomentar las inversiones y el empleo; preservar la estabilidad económica, y fortalecer la cultura de la legalidad y el Estado de derecho.
El sector empresarial se comprometió a evitar especulación con alzas indiscriminadas en los precios de los productos básicos. Por su parte, el sector laboral se compromete a intensificar los procesos de productividad.
En tanto, el gobierno impulsará acciones de vigilancia en precios de bienes y servicios, también apoyará la modernización del transporte público a través de créditos en hasta 50 ciudades donde no se incremente la tarifa.
El funcionario anunció un respaldo directo para más de 3.5 millones de adultos mayores que tienen en el Sistema de Ahorro para el Retiro más de 50 mil millones de pesos. “Habremos de identificarlos y regresarles este recurso, en apoyo de su economía familiar”, indicó.
En cuanto a protección del empleo y las inversiones se acelerarán los proyectos de obra en las Zonas Económicas Especiales y se otorgarán estímulos para deducibilidad inmediata para las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).
También anunció la preparación de un Decreto de Repatriación de Capitales que ayude a fortalecer la estabilidad económica del país.
Habremos de buscar tener el superávit primario que nos hemos planteado, estabilizar la deuda y buscar que ésta se empiece a reducir, y hacer, sobre todo, un ejercicio austero y cuidadoso del gasto”, sostuvo.
Regresan los pactos anticrisis
Por Olimpia Ávila
El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, firmado ayer por el gobierno federal y el sector productivo, no es el primer instrumento de este tipo que se ha impulsado en el país.
En 1987, el entonces presidente Miguel de la Madrid promovió el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), el cual fue signado por el gobierno, trabajadores y empresarios.
El país atravesaba en ese entonces una crisis originada por la caída de los precios del petróleo, entre otras causas, con una inflación de 159.2 por ciento.
El PSE tuvo como objetivo “reducir la inflación sacrificando lo menos posible el crecimiento económico”, explican Anibal Gutiérrez y Eréndira Avendaño en el libro Cambio Estructural de la Economía Mexicana.
Además, fue la base del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE), impulsado por Miguel de la Madrid en 1988, y reforzado por su sucesor, Carlos Salinas.
Dicho acuerdo buscaba detener el incremento de los intereses, la devaluación de la moneda y la inflación, la cual se redujo a un dígito.
Posteriormente, el 3 de enero de 1995, se llevó a cabo la firma del Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica, propuesto por el expresidente Ernesto Zedillo.
El mecanismo se implementó de manera urgente para reducir el déficit corriente, crear las condiciones para la recuperación económica y mitigar los efectos inflacionarios de la devaluación del peso tras el llamado “error de diciembre”.