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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Cuernavaca suspendió las obras de construcción de la nueva sede del Congreso local, lo que fue considerado por la secretaría de Obras Públicas del gobierno de Morelos como un acto de revancha por parte de la administración de Cuauhtémoc Blanco.
Eduardo Molina Avilés secretario de Desarrollo Sustentable, informó que los encargados de la obra no pudieron hacer válida la presentación de la licencia de construcción, lo cual constituye una falta trascendente, pues sin ella no se puede aprobar el proyecto.
“Se tienen que detener de inmediato los trabajos; asimismo se tiene que proceder al retiro de los trabajadores y resguardo de las máquinas. Tienen un plazo de 10 días hábiles para subsanar la mención de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos, a efecto que puedan contestar el acuerdo notificado”, informó.
Posteriormente, la secretaria de Obras Públicas del gobierno estatal, Patricia Izquierdo, ofreció una conferencia de prensa en la que informó que desde el pasado 17 de junio se inició el proceso para obtener la licencia de construcción de la obra, pero hasta el momento el ayuntamiento no se las ha concedido.
“El tema central de esta negativa es un requerimiento de las autoridades de una dación de 4 millones de pesos a cambio de la licencia, un claro ejemplo de desproporcionalidad tributaria y distributiva. Lamentamos que el gobierno municipal haya realizado la acción de suspensión ya que esto afecta el desarrollo de la obra y a más de 500 personas entre trabajadores y proveedores”, apuntó.
Cabe mencionar que ha sido público y notorio el enfrentamiento que hay entre el gobernador Graco Ramírez y el alcalde Cuauhtémoc Blanco.
En otros hechos contra el mandato de Graco Ramírez, ayer trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) estallaron la huelga por la falta de pago de una quincena; una hora después, el rector Alejandro Vera Jiménez presentó una suspensión provisional contra actos de la Junta Local de Conciliación y acusó al gobernador Graco Ramírez de estar atrás del movimiento con fines políticos y mediáticos.
Según el rector, a sabiendas de que el problema de la falta de pago se solucionaría en cuestión de horas, la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no esperó los diez días que establece la ley para estallar la huelga después del emplazamiento, y a los dos días permitió que se pusieran las banderas rojinegras, sólo para poder exhibir que había un conflicto en la máxima casa de estudios.