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En calidad de vocero del caso Cuauhtémoc Blanco Bravo, el diputado priísta Francisco Moreno Merino anunció que el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa Federal revocó la suspensión provisional concedida por el juez de distrito, por lo que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos puede continuar con el proceso de juicio político en contra del alcalde de Cuernavaca y hacer que la Constitución Política se cumpla al vincularlo a proceso. “Por más fama que tenga, no se proseguirá con la apología del delito”, aseguró.
Explicó que al munícipe se le notificó sobre la revocación de su mandato.
Esto significa que el pasado 17 de enero se emitió el acuerdo del Tribunal Colegiado y que fue publicado un día después, lo que dejó en firme la cancelación de la controversia constitucional, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la determine de fondo y de forma.
En consecuencia, el TSJ tiene permiso para reanudar el proceso jurídico que se le sigue al edil y que será acompañado por la comisión que se designó el pasado 15 de diciembre, la cual está integrada por la presidenta de la Mesa Directiva, Beatriz Vicera Alatriste; el titular de la Junta Política, Julio Espín Navarrete y el legislador Moreno Merino.
“Con todo lo anterior, el juicio continúa, la defensa del Congreso fue positiva y no pudo ser sostenida por los abogados de Blanco Bravo en cuanto a una suspensión definitiva, es decir, ahora el TSJ tiene permitido desahogar hasta su término, mas no ejecutar hasta que se pronuncie la SCJN”, comentó Francisco Moreno.
Refirió que el Congreso del Estado sigue adelante con el proceso con buenas noticias del orden jurídico y aclaró que “no es un tema de carácter personal, no es versus un ciudadano, es un asunto de eminencia constitucional y de respeto al Estado de derecho, por lo que la premeditación, alevosía y clara ventaja con la que se cometieron los presuntos delitos serán comprobadas en el área jurídica correspondiente”.
Insistió en que legalmente sí se puede quitar del cargo a Blanco Bravo porque no se tienen ya impedimentos que detengan u obstruyan el proceso que señala la corte y el TSJ, así como los propios reglamentos internos.
“En este caso, el Poder Legislativo podrá seguir con el procedimiento y únicamente se tiene que esperar el pronunciamiento de la SCJN en cuanto al fondo mas no a la forma, porque ésta se puede efectuar libremente, es decir, el alcalde perdió el inicio de su defensa”, expresó.
Señaló que se tienen cerca de 14 pruebas más a presentar, pero por tratarse de un juicio que se va a vincular a proceso no se pueden dar a conocer las causales, aunque reconoció que sí se tiene el acompañamiento de la Fiscalía una vez que el Congreso se convirtió en Gran Jurado.
Puntualizó que desafortunadamente para el presidente municipal su amparo no dilató lo que él pensaba, y que ahora existe interés, celeridad y responsabilidad para seguir con el proceso.
“Aquí no se trata de tener mucha fama, sino tener las pruebas vinculatorias que se aportan tanto al TSJ y que están en el conocimiento de la SCJN”, apuntó.
“Por más famoso que sea, la constitución se respeta. Este no es un tema de orden personal o político, es de orden jurídico donde se vulnera el espíritu de la legalidad. La obligación del Congreso es que se cumpla la normativa, que se vincule a proceso y que no se permita que haya una apología del delito en donde cualquiera puede violar la ley por más famoso que sea”, finalizó.