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-Es facultad del Poder Legislativo, la revisión de los recursos públicos asignados a ayuntamientos o cualquier otra dependencia: Figueroa
-Omitieron publicar y transparentar el uso que le dieron; diputados sospechan desvío
La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados, Hortencia Figueroa Peralta, rechazó que haya un “asunto personal”, atrás de la decisión que ayer tomó el Congreso local para instruir a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), una revisión especial a 15 ayuntamientos, entre los que se encuentra Cuernavaca.
Precisó que es facultad del Poder Legislativo, a través del órgano de auditoría y fiscalización, la revisión de los recursos públicos que ejercen los ayuntamientos o cualquier otra entidad pública.
“De ninguna manera es una situación personal con quienes están al frente de los ayuntamientos, poder verificar que el uso de los recursos cumpla con la normatividad esa parte de las obligaciones que este Congreso tiene”, explicó la legisladora.
Apuntó que los recursos públicos se revisan de manera ordinaria, y lo que hace la auditoría especial, es únicamente acortar los tiempos de esa revisión.
El acuerdo aprobado ayer en periodo extraordinario de sesiones con 18 votos a favor (PRD, MC, PSD, Panal, PES), nueve en contra (PRI, PAN y Humanista) y una abstención, es para que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, revise el gasto de los recursos provenientes del ramo 33, específicamente del FISM y FORTAMUN, que ejercieron en 2016 los ayuntamientos de Xochitepec, Miacatlán, Ocuituco, Jojutla, Zacatepec, Cuernavaca, Tetela del Volcán, Tlayacapan, Mazatepec, Tlaquiltenango, Yecapixtla, Tlalnepantla, Temoac y de último momento se agregaron Emiliano Zapata y Jonacatepec.
Previamente, las bancadas del PRI y PAN intentaron sin éxito empujar un acuerdo para que la revisión especial “se extendiera” a los 33 ayuntamientos de Morelos.
El sustento legal para este paquete de 15 revisiones especiales, es que “de acuerdo a las revisiones trimestrales de la cuenta pública, dichos Ayuntamientos omitieron publicar o hacerles del conocimiento a sus habitantes, como lo estipulan las leyes que rigen la transparencia, entre otros aspectos, de ayudas o apoyos entregados, los montos que recibieron de recursos federales y los avances trimestrales del ejercicio de los recursos”.
Por ello la Entidad Superior deberá revisar si se concluyeron al 100% las obras, acciones o programas financiados con dichos recursos o si fueron desviados de sus fines y, en su caso, también determinar los daños causados a la hacienda pública y al patrimonio municipal e iniciar los procedimientos por las responsabilidades que resulten.
Las auditorías igualmente deberán precisar si los proyectos entregados realmente benefician a la ciudadanía o sectores vulnerables del municipio, así como remitir al Congreso el cronograma de actividades con el objetivo de conocer el tiempo de su ejecución, las fechas probables de entrega y el informe de resultados.
El documento presentado en la sesión de periodo extraordinario, indica que, ante la falta de publicación y transparencia por parte de estos entes fiscalizados, “no existe pulcritud en el manejo de sus recursos públicos o aún más grave, un probable daño a la Hacienda Pública Municipal o en su defecto un manifiesto desvío de recursos públicos”.
La sesión se desarrolló de manera ‘accidentada’, debido a que trabajadores sindicalizados de la Cámara ‘trasladaron’ hasta el área de curules la manifestación que encabezaban para exigir el pago pendiente de sus prestaciones sindicales, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2016. Al final, lograron una respuesta positiva.