La Fepade llevó el caso ante un juez; el alcalde Jorge Miranda Abarca ya había sido denunciado por la víctima
Amacuzac, Morelos.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) llevó ante un juez el caso de violencia política en contra de la otrora síndica municipal de Amacuzac, Susana Fuentes Rodríguez.
Mediante un comunicado, la Fepade informó que recientemente inició tres carpetas de investigación en los estados de Chiapas, Morelos y Guerrero, por Violencia Política de Género, las cuales fueron judicializadas con fundamento en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Detalló que en caso de Morelos requirió audiencia inicial la jueza de control, para que conociera de las presuntas violaciones en contra de otrora síndica municipal de Amacuzac, quien desde el mes de marzo de 2016 denunció ser víctima de diversas amenazas por parte del presidente municipal Jorge Miranda Abarca, quien le impedía desempeñar su cargo, junto con sus colaboradores.
A principio del año pasado, Susana Fuentes Rodríguez denunció públicamente que era víctima de violencia política por parte del edil, pues no sólo no era convocada a las sesiones de Cabildo, sino que se le retuvo sus remuneraciones y dietas.
Además, de que había recibido amenazas del alcalde recordándole el asesinato de la presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota Ocampo.
En diciembre pasado, la síndica fue destituida de su cargo por el incumplimiento del juicio laboral registrado bajo el número 01/309/13.
La ex funcionaria denunció que las autoridades laborales y el alcalde Miranda Abarca se confabularon para ejecutar su destitución, porque a pesar de ostentar la representación legal del Ayuntamiento, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje nunca le notificó de los procesos laborales ni de su ejecución, ni le permitió el acceso a los expedientes para poder actuar, defenderse y evitar su deposición por desacato judicial.
En el caso de Chiapas, la Fepade solicitó al juez de control del estado de Chiapas, determinara fecha y hora para celebrar la audiencia inicial por estimarse la existencia del ilícito penal sancionado por el artículo 7 Fracción XVI, de la ley antes señalada, en perjuicio de una presidenta municipal, quien fue obligada a dimitir de su cargo, tras el secuestro de dos legisladores de esa entidad.
Sobre el caso de violencia política en el estado de Guerrero, la fiscalía solicitó audiencia inicial al juez de control del estado de Guerrero, en virtud de que el Ministerio Público de la Federación estimó que existen datos de prueba suficientes que permiten suponer la existencia de una conducta ilícita y la probable participación de un ex presidente municipal y un síndico en contra de la alcaldesa de Cuilapan, quienes se oponían a su toma de posesión y ordenaron desarmar a la Policía Municipal, irrumpiendo y destruyendo, además, dos propiedades de la mencionada representante popular, a la que también agredieron y amedrentaron a sus familiares.