De esa cantidad, 9 mil 500 millones pueden redistribuirse, pues se entregaron de forma duplicada en programas de pensión de adultos mayores, de becas para bachillerato y al Seguro Popular.
Este último es el programa que más recursos duplica, suma 9 mil 196 millones de pesos anuales, de acuerdo con el Informe de la Revisión a la Cuenta Pública 2015, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Para el órgano fiscalizador, la ausencia de un sistema eficiente que integre la información de los padrones de programas sociales impide saber si la distribución de los recursos económicos se hace de manera adecuada.
La Secretaría de la Función Pública (SFP), que hoy encabeza Arely Gómez, es la responsable de verificar la integración correcta de los padrones de beneficiarios de todas las dependencias del gobierno federal que reparten dinero. Sin embargo, en 2015, la SFP no revisó si 12 millones de beneficiarios merecen recibir un apoyo o subsidio.
El principal problema identificado es que existe una multiplicidad de listados o padrones de beneficiarios, lo cual dificulta la detección de errores o abusos en la canalización de recursos.
Para resolverlo, en 2015 se destinaron 317 millones de pesos a la SFP a través del programa Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la administración pública federal, de los cuales 23 millones se destinaron a integrar una base de datos de padrones, pero no se logró el objetivo.
De los 184 programas a los que en 2015 se destinaron 628 mil millones de pesos, solo 165 estaban registrados en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, el cual no concentra información confiable.
Por ejemplo, de esos 165 programas, solo 154 tienen información sobre sus padrones y 12 fueron analizados por la SFP para saber si la distribución de apoyos se hizo de manera equitativa.
El sistema integral se creó en 2006 y desde entonces se le han invertido 330 millones de pesos, pero no ha sido de gran utilidad. Para mejorarlo, la SFP propuso invertirle 100 millones de pesos más para someterlo a una “reingeniería”.
En la auditoría realizada a ese sistema, la ASF encontró que a la fecha todavía hay programas que operan sin proporcionar datos claros y que ninguna entidad ni municipio se ha incorporado.
La revisión detectó que de los 196 programas inscritos (165 con recursos de 2015), varios tenían irregularidades: seis no tenían definido su objetivo, 64 no especificaban sus metas, 63 no detallaban sus prioridades, 13 no contaban con indicadores de resultados y 42 no incluían padrón de beneficiarios.