-Legisladores aprobaron ayer la reforma constitucional del Sistema Estatal Anticorrupción
-A consejeros del Comité si se les revocó el nombramiento que anterior 52 legislatura les había dado
Juan Salazar Núñez, quien fuera nombrado por la anterior legislatura local como Fiscal Anticorrupción aún antes de que se aprobara el Sistema Estatal Anticorrupción, garantizó su permanencia en el cargo hasta agosto del año 2018.
El dictamen que sienta las bases del Sistema Estatal, que finalmente ayer aprobó la actual 53 legislatura local, establece una 'excepción' para Juan Salazar que antes de ser designado Fiscal Anticorrupción, era Consejero Jurídico en el gobierno de Graco Ramírez.
En el último artículo transitorio del dictamen que contiene las reformas constitucionales que sientan las bases del Sistema Estatal Anticorrupción, se hace referencia al próximo Fiscal Anticorrupción que deberá designarse en agosto de 2018, y para lo cual el Congreso deberá adoptar un procedimiento, que se tendrá que 'construir' antes de que termine la actual legislatura.
Esto significa que el actual Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar, se mantendrá en su cargo, pese a que fuera designado incluso antes de que se aprobara el Sistema Estatal Anticorrupción, y ahora, la legislatura se ocupará más bien de establecer un procedimiento ahora sí, para la designación del próximo Fiscal.
A quienes el Congreso si les revocó ayer el nombramiento, fue a los consejeros del Comité Coordinador del Estatal Anticorrupción, al haber sido designados también por la anterior legislatura pero antes de que se sentaran las bases del Sistema Estatal Anticorrupción.
Las reformas constitucionales del Sistema Estatal Anticorrupción, fueron aprobadas por los 25 diputados que ayer asistieron a la sesión ordinaria, entre ellos, los que integran la bancada priísta, pese a que habían expresado su rechazo a la ratificación del Fiscal. El único que no votó, fue el coordinador de la bancada "tricolor", Alberto Martínez González, debido a que no asistió a la sesión.
El Sistema Estatal Anticorrupción
El dictamen del Sistema Estatal Anticorrupción, deriva de las iniciativas presentadas de manera separada por los diputados Enrique Javier Laffitte Bretón, Mario Alfonso Chávez Ortega, los legisladores del grupo parlamentario del PAN y el gobernador, Graco Ramírez.
Las reformas constitucionales establecen por ejemplo, que la cuenta pública será de carácter anual, dejando la obligación de rendir informes trimestrales sobre el avance de la misma, y con respecto a la disciplina financiera establecieron la obligación de que todos los actos legislativos deberán incluir una estimación de impacto presupuestario.
Con respecto a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, los diputados votaron a favor de otorgarle facultades para revisar, en cualquier momento, el ejercicio del gasto público de los entes fiscalizados, así como la obligación de denunciar en cuanto se percate de la comisión de un delito, sin esperar los resultados de las auditorías.
De esta manera quedaron aprobadas las modificaciones a la Constitución local en sus artículos 32, 40, 70, 75, 79-B, 81, 84, 115, 134 y 134, así como adiciones a los artículos 42 y 43, los cuales serán enviadas al Constituyente Permanente para su validación.
Al respecto, el diputado Enrique Laffitte, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, señaló que las leyes secundarias correspondientes, se socializarán y discutirán de manera amplia mediante foros.
Durante la sesión, se resaltó la disposición de la presidenta de la Mesa Directiva, Beatriz Vicera Alatriste y de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para que las reformas fueran conocidas y avaladas por el consenso de diversas organizaciones sociales.
Ahora, este paquete de reformas serán enviadas a los ayuntamientos, que deberán pronunciarse a favor o en contra, en un plazo de 30 días.