Cd. de México (07 marzo 2017).- Funcionarios de la Secretaría de Gobernación tardaron 3 meses en percatarse que el edificio que se rentó en la Administración de Alejandro Poiré y por el que la dependencia debe 15 millones de pesos no era funcional.
Los responsables de supervisar el inmueble concluyeron que el inmueble arrendado mediante contrato a Bucaprim Inmobiliaria no reunía las condiciones necesarias para albergar oficinas.
Según un reporte fechado el 29 de marzo de 2012, elaborado por la Dirección General Adjunta de Seguridad y Aeronaves de la Segob, el inmueble violaba normas sobre protección civil.
En un informe enviado a REFORMA, Segob acusó que la Administración federal anterior, en diciembre de 2012 no reportó el contrato de arrendamiento como uno de sus pendientes.
Incluso, precisó que el 28 de junio del mismo año, el nuevo director general del área, René Roque Diego, pretendió dar por terminado el contrato de arrendamiento con Bucaprim.
"La presente administración de la Segob tuvo conocimiento de la problemática anterior hasta el mes de octubre de 2013, cuando un juez civil de la Ciudad de México le notificó la demanda de Bucaprim".
La Secretaría de Gobernación acusó que funcionarios del pasado sexenio panista no reportaron durante el cambio de Administración la existencia del contrato de arrendamiento del edificio de Bucareli 107, lo cual retrasó la atención al problema que ahora los obliga a pagar 15.4 millones de pesos de rentas.
No obstante, la dependencia afirmó que "atenderá" lo resuelto en los juicios civiles y que las autoridades correspondientes determinarán si existe responsabilidad administrativa de ex funcionarios.
REFORMA publicó ayer que Gobernación tiene que pagar a la empresa Bucaprim Inmobiliaria al menos 15.4 millones de pesos más intereses moratorios, por la renta del edificio que alquiló en 2012, pero que nunca ocupó y actualmente está invadido por paracaidistas.
"En el marco del cambio de Administración, en diciembre de 2012, se firmó un acta de entrega-recepción en la cual no se reportó el contrato de arrendamiento dentro de los pendientes de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, ni de la Oficialía Mayor.
"Este debió haber sido el momento idóneo para informar del problema y realizar las acciones de seguimiento y atención correspondientes", indicó la dependencia en una carta enviada a REFORMA.
De acuerdo con la misiva, la Segob tuvo conocimiento de la existencia del contrato hasta octubre de 2013, cuando un juez civil de la Ciudad de México le notificó la demanda de Bucaprim Inmobiliaria.
Admitió que esta empresa requiere el pago de las rentas que dejaron de cubrirse desde 2012, con el argumento de que la Segob no le notificó la terminación anticipada del contrato ni la entrega física del inmueble.
Denuncian invasión
Gobernación reconoció que durante la sustanciación de los juicios civiles, el inmueble de seis niveles ubicado en la esquina de Bucareli y General Prim fue invadido por personas que, subrayó, no tienen ningún derecho para ocuparlo.
Por esa razón, la dependencia que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong informó que presentó denuncias penales por el delito de despojo, ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.