Después de cuatro meses y medio de labores, en los que se gastaron 65 millones de pesos de los mexicanos, la recién aprobada Constitución capitalina está bajo fuego.
A la controversia constitucional que promovió el martes la PGR se sumaron recursos que buscan anular parte de la primera Carta Magna de la Ciudad por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia, la CNDH, el Tribunal Superior de Justicia capitalino y la Junta Local de Conciliación, así como de Morena y Nueva Alianza.
El Ministro de la Suprema Corte Javier Laynez admitió ayer tramitar las acciones promovidas por la PGR, la CNDH y los partidos políticos.
La próxima semana se resolverá la admisión de las impugnaciones por parte del Ejecutivo federal y el Poder Judicial de la CDMX; este último, inconforme con los artículos 35 y 37, que tratan sobre la integración del Consejo de la Judicatura y el recién creado Consejo Judicial Ciudadano.
Humberto Castillejos, consejero jurídico del Ejecutivo, asistió personalmente a la Corte a promover la controversia por invasión a su esfera de atribuciones.
Por separado, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, presentó una acción de inconstitucionalidad de la que se desconocen los detalles.
El jueves, en sesión privada, Laynez expuso a sus colegas los temas planteados en las acciones y se discutió la posibilidad de que recibieran el trámite preferente, reservado para los litigios en materia electoral, pues algunos de los puntos impugnados se refieren a esa cuestión.
Pero el acuerdo de admisión dictado por Laynez y notificado por la tarde excluye dicha posibilidad, lo que anticipa que podrían pasar varios meses para que el Ministro presente su proyecto de sentencia al pleno.
El Ministro emplazó al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a rendir un informe y presentar argumentos en defensa de la Constitución local.
Si bien la Asamblea Constituyente ya no existe, Laynez requirió a la ALDF para que "remita o bien, indique quién tiene a su disposición, copia certificada de la totalidad de los trabajos legislativos desarrollados por la entonces denominada Asamblea Constituyente para la expedición de la Norma impugnada".
Se prevé que, por la variedad de temas involucrados, este caso sea uno de los más complejos en la historia de la Corte.