Firman misiva dirigida al gobernante Madeleine Albright, Susan Rice y John Kerry, entre otros
El embajador ruso también se reunió con miembros de la campaña de Clinton: el Kremlin
Más de 130 ex funcionarios y expertos en política exterior de Estados Unidos condenaron el nuevo decreto contra el ingreso de ciudadanos de países de mayoría musulmana y de refugiados de todo el mundo a territorio estadunidense que emitió el presidente Donald Trump, al estimar que debilita la seguridad y los intereses del país.
A los musulmanes, incluidas las víctimas o los que combaten a la milicia yihadista Estado Islámico (EI), el decreto les enviará un mensaje que refuerza la propaganda que falsamente afirma que Estados Unidos está en guerra contra el islam
, señala la carta suscrita por expertos y ex funcionarios de gobierno.
En contraste, recibir refugiados y viajeros musulmanes expone las mentiras de los terroristas y contrarresta su visión distorsionada
, añadió el documento, fechado el 10 de marzo.
Entre los 134 firmantes figuran funcionarios de gobiernos demócratas y republicanos, como el ex diplomático Nicholas Burns, el ex director contraterrorismo del Consejo de Seguridad Nacional, Richard Clarke, y la ex subsecretaria de Defensa, Michele Flournoy.
Asimismo, la ex secretaria de Estado Madeleine Albright, la ex secretaria de seguridad Interior Janet Napolitano y la ex consejera de Seguridad Interior Susan Rice, así como el ex secretario de Estado, John Kerry, entre otros.
El 16 de marzo entrará en vigor el nuevo decreto –versión modificada del emitido el 27 de enero que fue suspendido por la justicia tras causar conmoción internacional– que prohibirá el ingreso de refugiados durante 120 días y la entrega de visados por 90 días a ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen, de mayoría musulmana.
Las prohibiciones como las incluidas en este decreto son dañinas para la seguridad nacional de Estados Unidos y están por debajo de la dignidad de nuestro gran país
, señala la carta, que reitera los argumentos presentados ante tribunales de varios estados para bloquear la medida antimigración.
El nuevo decreto de Trump es objeto de batallas en tribunales de varios estados como Washington, Maryland, Massachusetts, Minesota, Nueva York, Oregon y Hawai, así como organizaciones de defensa de los derechos civiles. La medida del Ejecutivo debilita la capacidad del país de asumir un liderazgo global y mina nuestros intereses de seguridad nacional al fracasar en el apoyo a la estabilidad de nuestros aliados, quienes luchan por recibir a un gran número de refugiados
, señaló la carta.
La misiva fue enviada a altos funcionarios del gobierno de Trump, como los secretarios de Estado Rex Tillerson; de Defensa, James Mattis; de Justicia, Jeff Sessions, y de Seguridad Interior, John Kelly.
Otro de los escollos que enfrenta la administración de Trump es la relación de cercanos colaboradores suyos con el embajador ruso en Washington, Segeui Kislavk, y otros funcionarios rusos. Josh Earnest, ex vocero de Barack Obama, dijo en entrevista con Ap que aún faltan por conocerse detalles de ese escándalo.
Por lo pronto, el Kremlin aseguró que Kislyak también se reunió con asesores de la campaña de la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton antes de los comicios. En declaarciones a CNN, Dmitri Peskov, vocero del presidente ruso, Vladimir Putin, indicó que es trabajo
del embajador ruso reunirse con miembros de ambos partidos para hablar sobre las relaciones bilaterales
entre Rusia y Estados Unidos.
En otro escándalo, Trump ha acusado a su antecesor de haber ordenado espiarlo, acusaciones rechazadas este domingo por el influyente senador republicano John McCain, quien apremió al gobernante a retractarse. El presidente Trump debería ofrecer al pueblo estadunidense, no sólo a la comunidad de inteligencia, sino al pueblo estadunidense, evidencias de que su predecesor, el ex presidente de Estados Unidos, fue culpable de violar la ley
, afirmó a CNN.
En tanto, Human Rights Watch emplazó a Trump a cancelar su amenaza
de separar a menores migrantes de sus padres si son capturados por cruzar ilegalmente la frontera. Sería una grave violación a los derechos humanos
y afectaría sus relaciones no sólo con México, sino con toda América Latina, añadió